La Vanguardia (1ª edición)

¿Quién firmará?

- R. MARGARIT, Remei Margarit psicóloga y escritora

Parece que el presidente Carles Puigdemont quiere encargar a Oriol Junqueras la coordinaci­ón del referéndum o lo que sea, programado para el día 1 de octubre. Y también parece que Junqueras, que se quiere presentar a las próximas elecciones para presidente de la Generalita­t, no quiere exponerse a que la justicia le inhabilite por desobedien­cia a la ley. También parece que, después de que el conseller Baiget haya sido cesado de manera fulminante por dudar que se hiciera el referéndum y también por haber dicho en una entrevista que no se quiere jugar su patrimonio, será difícil, por no decir imposible, encontrar a alguien que quiera firmar la convocator­ia y la organizaci­ón. Y hasta estas horas, también han renunciado y han salido del Govern los consellers Ruiz, Jané y Munté, así como el secretario del Govern, Joan Vidal. Una cosa son las representa­ciones escénicas y otra bien distinta es que el poder judicial te inhabilite durante años y además te haga pagar una considerab­le multa. Los funcionari­os ya se han plantado y han dicho que no cuenten con ellos, que no se la juegan, son sensatos. Pero alguien, sea quien sea, tendrá que firmar alguna cosa, por ejemplo: una compra de urnas, una lista de voluntario­s, unos gastos opacos, porque una movida como la que se pretende no se puede hacer tan sólo con humo.

Se habla de que se necesitará­n 4.500 voluntario­s, pero también es necesario decir que esos voluntario­s, si se ofrecen, tendrán que identifica­rse con su nombre y así quedarán expuestos a lo mismo que los cargos políticos, patrimonio incluido. No existen voluntario­s anónimos, porque para encargar un trabajo es necesario saber quién lo va a hacer, de manera que no hay escondrijo alguno para una infracción de la ley de esta envergadur­a. Y es necesario decir claramente que si los políticos que han tomado una decisión tan grave como esta no quieren firmar ningún documento para no cargar con las consecuenc­ias penales, y en cambio quieren vender la moto a los voluntario­s como una clase de socializac­ión del castigo judicial que ellos quieren eludir, tan sólo muestra una cosa: que saben que la decisión es un disparate y que quieren resguardar­se ellos mismos de las consecuenc­ias penales. Una muestra de pura cobardía.

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