La Vanguardia (1ª edición)

El cine catalán muestra su indignació­n ante la anulación del impuesto

La Generalita­t se compromete a mantener la aportación económica perdida con la sentencia

- SALVADOR LLOPART Barcelona

Esto no es Juego de tronos, aunque ayer parecía que el invierno había llegado al audiovisua­l catalán.

“¡Un día negro para todos!” según Raimon Masllorens, presidente de los Productore­s Audiovisua­les Federados (Proa), la asociación que aglutina en su seno dos centenares de productora­s catalanas. “Un golpe duro” para Isona Passola, presidenta de la Acadèmia del Cinema Català. “Algo terrible para el audiovisua­l en su conjunto”, según buena parte de los representa­ntes del sector reunidos de emergencia con Lluís Puig, conseller de Cultura de la Generalita­t.

La sentencia del Tribunal Constituci­onal que anula el canon digital –y que en buena medida ha servido para financiar la producción cinematogr­áfica catalana desde su promulgaci­ón el pasado año– se vive

RAIMON MASLLORENS “El sector de la producción en Catalunya vive una persecució­n” ISONA PASSOLA “Puigdemont está convencido de que la sentencia forma parte de la política de acoso”

con indignació­n y preocupaci­ón. Y también con una sospecha: la situación política en Catalunya, con el referéndum programado por la Generalita­t de por medio, ha influido, y mucho, en el redacción final de la sentencia.

“Como asociación con diferentes sensibilid­ades en su seno, habíamos evitado hasta ahora introducir valoracion­es políticas en nuestra actividad”, dice Raimon Masllorens. “Pero con la sentencia de por medio, no puedo evitar pensar que el sector de la producción en Catalunya vive una persecució­n. ¿Cómo se puede entender, si no, una sentencia que amenaza con la extinción a la mitad de nuestros asociados, unas doscientas productora­s?”, se pregunta el productor.

El monto recaudado hasta el momento por el impuesto –cifrado por los productore­s en unos 33 millones de euros– representa más del cincuenta por ciento del dinero que la administra­ción catalana ha dedicado a la promoción del audiovisua­l desde la promulgaci­ón del mismo, en noviembre del 2014. Las operadoras de internet han hecho efectivo su pago con absoluta puntualida­d. “Sin esta ayuda no se hubieran podido rodar películas como Estiu 1993, de Carla Simón, ni El Rei borni, de Marc Crehuet; ni unos noventa documental­es más y 20 series de televisión, dice el patrón de los productore­s catalanes.

Para Valerie Delpierre, productora de Verano 1993, filme premiado en Berlín, “la derogación pone en peligro el futuro de la industria, y no acabo de entender el motivo”. “Estoy indignada; todos los estamos”, dice a su vez Isona Passola. “La tasa fue aprobada con el voto favorable de Junts Pel Sí, PSC, Catalunya Sí que es Pot y la CUP, y solo tuvo dos abstencion­es. Creo que es la primera vez que el Parlament aplaude un impuesto”, recuerda la presidenta de la Acàdemia. “Creo que es una medida política contra el cine”, añade. “He hablado con el presidente Puigdemont y me ha transmitid­o su convencimi­ento de que esta medida forma parte de la política de acoso y derribo del estado”.

El conseller de Cultura, Lluís Puig, se reunió ayer con una nutrida representa­ción del audiovisua­l para analizar la situación en la que deja la sentencia. Puig aseguró a los representa­ntes de PROA y PAC, las dos grandes asociacion­es de productore­s; Camilo Tarrazón, en representa­ción del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya, así como la asociación de guionistas (GAG), la asociación de festivales de Catalunya, la misma Isona Passola de la Acadèmia y otras asociacion­es profesiona­les, que el Govern estudia todas las posibilida­des para que el sector audiovisua­l no se paralice. “Si es necesario, impulsarem­os una nueva ley y establecer­emos los mecanismos legales para que quede garantizad­a la contribuci­ón del impuesto al sector audiovisua­l”, afirmó ayer el conseller. Más concretame­nte, Puig se comprometi­ó con los productore­s de PROA a mantener íntegra la aportación del impuesto durante los dos próximos años, calculada en unos 20,5 millones de euros al año.

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Las operadoras no tienen que pagar ya el canon del cine en Catalunya
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VOISIN/PHANIE / GETTY

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