Permisividad con la reventa

Los listillos de turno siempre encuentran algún subterfugio para irse de rositas, al amparo de la ley. Es lo que ocurrió en los días previos de los Juegos de Barcelona con los revendedores de entradas, que hicieron su agosto gracias a una juez que puso en libertad a cuatro detenidos de nacionalidad estadounidense por lucrarse con la reventa. Según explicaba en su crónica de La Vanguardia Jordi Juan, “el vacío legal impide a la policía perseguir la reventa de entradas”. De hecho, la juez justificaba en su fallo de libertad de los detenidos “que en las entradas constaba su precio real y si alguien quiere pagar más, este es su problema”. Un criterio que coincidía con la postura de la Policía Nacional: “Son actividades que pueden ser consideradas delictivas, pero difícilmente son perseguibles ya que es preciso que los perjudicados presenten una denuncia”. Y añadía: “Quien paga 95.000 pesetas (571 euros) por una entrada que vale 10 veces menos lo hace porque quiere, sin ser engañado, por lo que no suele poner el caso en manos de la justicia”. De este modo, tanto los Mossos d’Esquadra como la Guàrdia Urbana tuvieron que frenar sus intervenciones contra la reventa de entradas. Así que los revendedores campaban a sus anchas, y más cuando las colas se alargaban desde la madrugada para adquirir a última hora una localidad en la única oficina oficial de venta, en la calle Quatre Camins de la Bonanova, en Barcelona. Era el único modo de comprar entradas en la época preinternet, al margen de las entidades bancarias concertadas.

Las empresas de reventa llegaron a ofrecer entradas a un precio superior al 1.000% del original. Por ejemplo, la empresa Westminster Tickets ofrecía la final de baloncesto a 95.000 pesetas cuando su precio oficial era de entre 6.500 y 9.000 pesetas (entre 39 y 54€).