JUICIOS A CORRUPTOS
La justicia y las fuerzas de seguridad españolas persiguen más de lo que parece las prácticas políticas ilícitas
Los ju ces y fisc es n se a oene ban illo os acusados a más de un rrupto por día en España. La justicia y las fuerzas de seguridad persiguen más de lo que parece estas prácticas políticas ilícitas, aunque los procesos son largos y parece que el resultado en ocasiones ya no importa.
Angel María Villar y su hijo detenidos. El juez cita a declarar a Germà Gordó y la Guardia Civil va al Parlament y a la Generalitat por el 3%. Miguel Blesa aparece con un tiro en el pecho. No hay tregua. No hay semana en que la corrupción no acapare la actualidad. De nuevo es una de las mayores preocupaciones de los españoles y el latiguillo es persistente: el Estado no actúa, todos se van de rositas y nunca pasa nada. ¿Es ciertamente así? Las cifras no lo corroboran: en el primer trimestre de este año, los jueces sentaron en el banquillo de los acusados a más de un corrupto por día.
El último barómetro del CIS refleja bien a las claras esta inquietud: la corrupción es el segundo problema del país para el 44,8% de los españoles (en la anterior lo era para el 37,3%), sólo por detrás del paro, que quita el sueño al 72,3%. El comentario popular se extiende como una mancha de aceite: España es un país bananero y los corruptos campan a sus anchas. Las estadísticas no confirman la premisa.
El Consejo General del Poder Judicial tiene en su portal web la forma de saberlo. Así, su última actualización dice lo siguiente: en el primer trimestre del año, los jueces han decidido sentar en el banquillo de los acusados a 97 personas en 27 procesos por corrupción (funcionarios, políticos o empresarios con afectación de dinero público). Estos tres meses suman 90 días, lo cual quiere decir que han llevado a juicio a más de una persona al día por corrupción. Además, en este periodo se han dictado 36 sentencias por este tipo de conductas, de las cuales 28 han sido condenatorias (un 77,8%). Otros 58 han recibido condenas firmes al concluir los recursos. Y en las cárceles españolas hay 83 sentenciados por estos motivos (46 por malversación; 24 por cohecho) y otros 14 están en prisión preventiva.
Es un fenómeno muy extendido en España, eso es innegable. Ahora bien, lo cierto es que los estudios internacionales señalan que no es un país corrupto. Eso quiere decir que aquí no es cotidiano que pagando un guardia te retire una multa, o que dando una propina te atiendan antes en un hospital. Pero no se puede negar la existencia de un quebrantamiento sistémico de las normas, en especial en la adjudicación de contratos públicos.
Esta posible vulneración de concursos y la probable financiación ilícita de los partidos políticos se ponen de relieve en asuntos que están siendo investigados y en otros que ya han llegado a juicio, y que están a la espera de sentencia. Por ejemplo, el del expolio del Palau de la Música y su primo hermano del 3%, que abordan supuestas comisiones a los gobiernos de CDC en Catalunya; Gürtel, que salpica al PP; Púnica, que pone en entredicho al Ejecutivo popular en la Comunidad de Madrid; Nóos, en varias lugares de España; los ERE de Andalucía; la fortuna oculta de los Pujol, o los diferentes escándalos del PP en Valencia.
¿No han tenido consecuencias? Pues no es verdad. Remontándonos en el tiempo podemos comprobar como un ministro del Interior, José Barrionuevo, y un secretario de Estado, Rafael Vera, ingresaron en prisión por el GAL. Luis Roldán, que fue director general de la Guardia Civil, cumplió una larga condena por diversos delitos económicos. El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González se halla en prisión provisional por la operación Lezo. En la misma situación están Jordi Pujol Ferrusola, por el origen e incremento de la fortuna familiar en el extranjero; Francisco Granados, exconsejero del gobierno autonómico madriSon leño, y Luis Bárcenas, extesorero del PP, pasaron largo tiempo en la cárcel.
La corrupción ha pasado factutra y ha dado portazo a las carreras políticas de Manuel Chávez y José Antonio Griñán por los ERE; ha causado la dimisión de Pedro Antonio Sánchez de la presidencia de Murcia; ha obligado a retirarse a Esperanza Aguirre, ha arruinado el legado político de Jordi Pujol, ha frustrado las expectativas de su hijo Oriol, que recientemente pactó una condena de dos años y medio por las ITV y que aspiraba a continuar la carrera de su padre, e incluso se ha llevado por delante a partidos políticos, como Unió Mallorquina, que ostentó no poco poder en las Baleares. Una comunidad que ha visto como su expresidente Jaume Matas también acabó tras los barrotes.
ejemplos, pero hay más. En España se ha juzgado a ministros e incluso se ha sentado en el banquillo a la hermana del Rey y se ha condenado a su esposo, Iñaki Urdangarin. La justicia también ha puesto al pie de los caballos a dos exvicepresidentes del Gobierno: uno del PP, Rodrigo Rato (que también fue director gerente del Fondo Monetario Internacional), y uno del PSOE, Narcís Serra, por sus papel en las cajas de ahorros; un sector que se ahogó en escándalos. Todo ello sin que el sistema se resintiera, lo cual no deja de ser un síntoma de su salud.
La corrupción ha afectado de lleno a la política, pero también a otros sectores. El último en el punto de mira es el fútbol. Ángel María Villar, expresidente de la Federación Española de Fútbol, y Sandro Rosell, expresidente del Barça, están bajo la lupa por sus manejos en el mundo del balón.
Pero es innegable que tal acumulación de hechos causa desazón en el ciudadano, que interpreta que la respuesta es magra. Hay hechos incontestables. Los procesos por corrupción se dilatan mucho (hasta diez años), lo que hace que se perciba que el resultado ya no importa: las condenas alcanzan a personajes ya amortizados, y no siempre es posible llegar hasta el fondo. También cabe señalar la falta de medios. Un caso de este tipo colapsa un juzgado ordinario. Anticorrupción cuenta con 24 fiscales (más los delegados provinciales) que se encargan de la mayoría de asuntos, y dedican casi más tiempo a contestar los recursos de decenas de letrados que a indagar. Ante esto, las reformas legales no siempre van en buen camino: delimitar por decreto la duración de las pesquisas es ilusorio.
Pero no se puede decir que no se hace nada, ni que la política domine la judicatura. Los jueces españoles gozan de una amplia independencia, cuestión personal es si la ejercen o no. Incluso en un cuerpo jerarquizado, como la Fiscalía, el jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, tuvo que dimitir rodeado de escándalos por la manera en que pretendió canalizar los asuntos. Y no puede olvidarse que, mandando el PP, la Policía entró en su sede dos veces por la Gürtel y la Guardia Civil se llevó por delante el gobierno autonómico de Madrid. Pese a lo que se diga, el Estado actúa. Quizás no tanto como se quiere, pero actúa.
La justicia nunca llegará a tiempo a combatir la corrupción. Ni es la solución: fallan más los controles que jueces y fiscales. Y tal vez también la percepción cultural del fenómeno. Además, no puede olvidarse que los corruptos trabajan desde dentro del sistema y lo conocen al dedillo: saben cómo manipularlo. La denuncia es complicada, no sale gratis. Aquí no existe esa figura que se ve en las películas, donde se da inmunidad. Sólo se puede acordar una reducción de condena. De todas formas, un fiscal lo explicaba gráficamente: “La justicia es coja, pero la patada siempre te la da con la pierna buena”.