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El espíritu de Barcelona’92 a los 25 años de aquella gran cita Olímpica, y el desafío antidemocrático de Polonia.
POLONIA sigue adelante con la reforma del sistema judicial para someterlo al control del Gobierno. El Senado ha ratificado en la madrugada de ayer el controvertido texto legal, que ahora tan sólo necesita la firma del presidente del país, Andrzej Duda, para su entrada en vigor. Con ello se resquebraja la democracia, al ponerse fin a la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial propios de todo Estado de derecho. La formación política Derecho y Justicia (PiS), de Jaroslaw Kaczynski, que revalidó su mayoría en el Parlamento en las elecciones del 2015, desafía las duras advertencias de la Unión Europea y de Estados Unidos para que no siga por ese camino.
La reforma aprobada por el Parlamento permite al Gobierno designar y destituir a los presidentes del Tribunal Supremo sin justificar los motivos. Dicha ley se suma a otras dos aprobadas el 12 de julio por las cuales se establece que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura serán elegidos por el Parlamento y los presidentes de los tribunales ordinarios serán designados por el ministro de Justicia. El control del sistema judicial por el Gobierno, pues, será total.
El jefe del Estado dispone ahora de 21 días para firmar la reforma del sistema judicial o bien para ejercer su derecho a veto y someterla al Tribunal Constitucional. Toda la oposición polaca y numerosas instituciones del país se han movilizado en contra de lo que califican como un auténtico golpe de Estado. Los dirigentes del partido conservador, en cambio, califican la reforma como necesaria para sanear un sistema judicial que, según dicen, es corrupto, ineficaz y está dominado por la casta comunista.
La Comisión Europea, que había lanzado duras amenazas a Polonia si no suspendía la reforma judicial, está ahora comprometida a cumplirlas. El club comunitario no debería dejar pasar por alto el incumplimiento del orden constitucional democrático por parte de ningún país miembro. Sin embargo, difícilmente podrá sancionar a Polonia con la suspensión de sus derechos de voto en el seno de la Unión Europea, como había dicho, porque ello requiere el respaldo unánime del resto de los socios comunitarios, y la Hungría ultraderechista de Viktor Orban–tradicional aliado de Varsovia– ya ha dicho que no lo apoyará. En su defecto habrá que buscar algún tipo de sanciones financieras, como una posible suspensión o recorte de los fondos de cohesión, de los que Polonia es el principal país europeo beneficiario, como ya se ha sugerido. Sea como sea, en cualquier caso, debe intentarse poner fin a la deriva antidemocrática de Polonia, incompatible con el respeto a los valores de la Unión Europea.