Un problema muy serio, el censo electoral
Entre los numerosos quebraderos que cabeza que ocupan a los organizadores del referéndum está el del censo electoral. Dado que no se podrá disponer del censo habitual que emite en cada convocatoria electoral la Oficina del Censo, que depende del Ministerio de Economía, la Generalitat tendrá que buscar la información en otra parte. Para la celebración del 9-N los organizadores utilizaron –no sin polémica: se presentaron 37 reclamaciones ante la Agencia de Protección de Datos– el registro de población que el Instituto d’Estadística (Idescat) cedió a la Conselleria de Governació. Este registro incluye todos los datos de la población de Catalunya. Ahora ya no se podrá utilizar. La sentencia del Tribunal Constitucional de este mismo año que anuló la ley de Consultes ha cercenado esa vía de información que permitiría al Govern actualizar los datos del registro. El problema es importante porque desaparece la cobertura legal. Ahora la utilización de los datos de ese registro implicaría un delito que la Agencia de Protección de Datos no podría pasar por alto. La normativa establece que los registros de población sólo pueden utilizarse con fines estadísticos salvo que la ley diga lo contrario. Tras la suspensión, la única vía que le queda al Govern es la desobediencia –utilizar los datos–, pero corre el riesgo de incurrir en diveros delitos si lo hace. Así las cosas, algunas fuentes señalan que el Govern podría echar mano de alguna copia de los censos electorales de anteriores convocatorias –una vía que tampoco es legal–, pero eso significaría que quedarían fuera del censo, y por tanto del derecho a voto, los más de cien mil electores que en cada convocatoria –en plazos normales de cuatro años–se suman como nuevos votantes al alcanzar los 18 años. Y tampoco estarían todos los residentes en el extranjero. El artículo 6 del borrador de la ley del referéndum dice que “están llamados a votar las personas que tienen derecho a voto en las elecciones al Parlament”. Lo normal habría sido poner “todas” las personas. Pero alguien decidió no hacerlo.