Los 17.000 mossos d’esquadra
Una de las leyes más interesantes, completas, complejas y mejor acabadas técnicamente de cuantas se han aprobado en el Parlament de Catalunya, fue la 10/1994 de 11 de julio de la Policía de la Generalitat reguladora de los Mossos d’Esquadra. Este texto normativo nos libera en estos momentos de cualquier ambigüedad o duda sobre cuál es –y debe ser en todo momento– el papel y las funciones de un cuerpo policial catalán que es el “ordinario e integral” de la comunidad autónoma. El cuerpo fue creado –mejor sería decir que recreado– por una ley autonómica de 1983, pero su perfeccionamiento se produjo once años después en otra con una exposición de motivos reveladora de cuáles son las obligaciones de los mossos y de qué manera deben desempeñarlas.
Por alguna razón que hace 25 años nadie suponía iba a resultar tan vigente en la actualidad, el prólogo de la ley de 1994 recordaba dos hechos legitimadores de la policía catalana. Por una parte, su carácter histórico y “pionero” ya que su antecedente se localiza a finales del siglo XVII. Por otra, se destaca expresamente que los Mossos d’Esquadra “fueron decisivos en la defensa de la legalidad democrática y de las instituciones de autogobierno, en 1936”. La exposición de motivos de la norma enfatiza que “la policía no está por encima de la ley” y en función de este principio articula un modelo policial garantista y que refiere su actuación a normas orgánicas como las que regulan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la del Poder Judicial.
El mando supremo de los Mossos d’Esquadra corresponde al presidente de la Generalitat y se ejerce a través del titular del Departament de Governació (ahora Interior). Pero no se trata en ninguno de los dos casos del ejercicio de facultades discrecionales. Por el contrario, están detalladamente pautadas en la ley. Para empezar, los miembros de la policía catalana deben “jurar o prometer acatamiento a la Constitución como norma fundamental del Estado y al Estatuto de Autonomía como norma básica de Cataluña”, y la primera de sus funciones consiste en cumplir y hacer cumplir “la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la legislación vigente”.
Los Mossos, así, componen un modelo de “instituto armado de carácter civil con estructura y organización jerarquizada”. Esa jerarquía a la que se someten estos funcionarios es incompatible con la “obediencia debida” a órdenes que “entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o las leyes”. Por si fuera poco, la ley establece que los Mossos deben actuar con “neutralidad política e imparcialidad”.
La policía catalana al ser integral cumple también la función de policía judicial, es decir que cuando sea requerida por los jueces competentes dependen funcionalmente de ellos. Este criterio –extensible a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado– se deduce expresamente del mandato de la ley catalana según el cual los Mossos “colaborarán con la Administración de Justicia”. La norma prevé la creación de unidades de policía judicial –que ya han actuado en Catalunya numerosas veces– de manera que esta función subordinada a los mandatos de los jueces ha sido cumplida por la policía catalana a plena satisfacción y con notable eficacia según fuentes del Consejo General del Poder Judicial, que no ha registrado nunca una queja al respecto.
Los 17.000 miembros de los Mossos d’Esquadra saben, pues, a qué atenerse antes, durante y después del 1 de octubre del 2017 y piensen lo que piensen sus mandos políticos, quieran o deseen, sus obligaciones están claras de modo que poco importa que su director general sea independentista o que el conseller competente aspire a que la consulta secesionista se celebre. Los Mossos deberán defender el orden constitucional y estatutario vigente, como han prometido o jurado harían cuando accedieron al cuerpo, no están ni estarán vinculados por obediencia debida a órdenes manifiestamente ilegales y deben en todo caso revalidar lo que hicieron en 1936, esto es, “defender la legalidad democrática y de las instituciones del autogobierno”. Y así han de comportarse estén bajo dependencia de sus superiores jerárquicos –políticos y profesionales– o bajo el mandato de los jueces si el 1-O estos requieren su colaboración para que no se perpetre ningún delito, sea este cual fuere y, específicamente, el de desobediencia a las resoluciones dictadas y que pueda dictar el Tribunal Constitucional que es el máximo intérprete de la Carta Magna.
La ley que establece estos criterios de actuación de los Mossos no está dictada por el Congreso de los Diputados sino por el Parlament de Catalunya. Una ley que responde a una concepción contemporánea, avanzada y garantista del ejercicio de las facultades de policía de la Generalitat de Catalunya ya que, aunque no es la expresión de ninguna soberanía, su president es el representante ordinario del Estado en el territorio catalán, razón por la cual le corresponde el mando supremo del cuerpo. En el mismo momento en que este se alce contra la legalidad del Estado que legitima sus decisiones, los Mossos no sólo no están obligados a atender sus órdenes, sino a contravenirlas –en la medida en que sean ilegales– para mantener íntegro su compromiso jurado o prometido de cumplir y hacer cumplir la Constitución, el Estatut y las demás leyes vigentes. En otras palabras, hay que quitarse de la cabeza que los Mossos d’Esquadra son algo parecido a un ejército de liberación nacional, visión anacrónica e insurreccional que más que atemorizar inquieta por su ingenuidad y desconexión con la realidad. Por esta razón, y por la manifestación constante de los representantes de la policía catalana siempre leal a sus obligaciones legales, habría que situar las preocupaciones ante el 1-O en otro orden de cuestiones.
Los Mossos han de comportarse en defensa de la legalidad como en 1936 y con lealtad a su juramento de hacer cumplir la Constitución
y el Estatut