Sabios pero estériles
Circula un discurso político por Madrid que no por repetido desde hace mucho tiempo es más verdadero ahora que al principio de su formulación. Se asienta sobre el peregrino argumento de que como no se puede negociar con quien se quiere ir, los independentistas catalanes, no hay necesidad alguna de formular propuestas para solucionar los asuntos que preocupan a los ciudadanos catalanes. La parte, los independentistas, se convierte en el todo, los ciudadanos, tratados todos como desafectos. No hace falta cambiar nada, simplemente esperar a que la fiebre baje.
Se empieza acusando al Govern de obcecarse pensando sólo en el procés y se acaba tan obsesionado que las ruedas de prensa del Consejo de Ministros se convierten indefectiblemente en monólogos monotemáticos. Siempre sin propuestas sobre la mesa. Si no se reconoce, deben de pensar, el problema no existirá.
Un nuevo síntoma de este síndrome lo ha ofrecido el ya prácticamente finiquitado grupo de sabios nombrado por el Gobierno y las comunidades autónomas con el encargo de proponer ideas para el nuevo sistema de financiación autonómica, ya que el actual está muerto desde el 2014, su fecha de caducidad. Lo preside Manuel González, que forma parte de la representación del Gobierno, al igual que Ángel de la Fuente, muy conocido por sus abruptas críticas a las demandas catalanas, y quien en la práctica ha dirigido los trabajos del atrabiliario pelotón.
Como era evidente desde el inicio, el tal grupo ha pasado a mejor vida sin alcanzar conclusiones dignas de tal nombre. Eso sí, la mayoría ha tendido a amontonarse en torno a algunas negativas fundamentales: no a la ordinalidad (que pretende que las comunidades que más aportan no acaben descendiendo posiciones en el ranking de riqueza); no a posibles quitas, condonaciones de la deuda de algunas comunidades (especialmente Valencia, Baleares y Catalunya) con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), pues desde el sur también gusta castigar, a la alemana manera, a las que más padecen.
Un mensaje, especialmente el rechazo a aligerar el peso de la deuda sobre una comunidad que, pese a ser la primera economía y motor industrial del país, se encuentra en bancarrota financiera, que pone de manifiesto las sensibilidad de la mayoría de sus integrantes, y presidentes autonómicos a los que debe obediencia, a la hora de encarar lo que se considera el principal problema político del Estado.
El problema para los sabios es que, aunque no se hayan dado cuenta, la realidad va por delante de sus cábalas. La Generalitat debe al FLA unos 50.000 millones de euros, sobre un total de 75.000 millones. Equivale al 22% de su PIB y es dos veces los ingresos totales de la Administración catalana durante un año. En la práctica, es imposible de devolver; eso sí, podría ser perpetua si se acuerda no pagar intereses.
El ministro del ramo, Cristóbal Montoro, responsable de Hacienda y Administraciones públicas, ya ha reconocido esa realidad de dos formas, una indirecta y otra directa. La primera, con sus propias palabras, en una entrevista a La Vanguardia, hace casi dos años: “En la práctica esta deuda ya se la está quedando el Estado. La estamos mutualizando, se está convirtiendo en deuda de todo el Estado”. La otra, en realidad la primera, varios meses antes de esas declaraciones, en forma de propuesta explícita de condonación de deuda. Montoro proponía un plan escalonado de renuncia a la deuda a razón de un 10% cada año, de manera que en una década la mutualización antes mencionada habría sido completa. El apunte habría desaparecido del pasivo de la Generalitat. También de las otras comunidades endeudadas con el FLA. Al final, el Gobierno de Mariano Rajoy descartó el asunto, formalmente por los problemas que plantearía Bruselas, aunque a la vista de cómo van las cosas, cabe pensar que no quiso renunciar a una herramienta de presión política extraordinaria sobre la Generalitat. Ahora, tres años después, una propuesta similar de alivio de la deuda de Catalunya, formulada por José Luis Ábalos, secretario de organización del PSOE, ha acabado conjurando un alud de reproches, incluso de sus propios compañeros de partido. Un nuevo paso atrás, sin ni siquiera haber dado previamente el paso adelante.
La reacción de Montoro a las propuestas de Ábalos incluye dos planos. Rechazo inicial con argumentos del momento, de coyuntura: “Es francamente inconveniente, en un momento en el que la Generalitat está en un planteamiento de secesión. No es momento de negociar intermedios, sino de responder al desafío secesionista”, señaló.
Pero Montoro recordó también sus ideas del pasado: “Sí cabe plantearse las reestructuraciones de la deuda que tienen las comunidades autónomas con el Tesoro Público, pero dentro del marco de la reforma del sistema de financiación autonómica”. Un mensaje que tanto puede implicar una promesa de mejora como una simple encerrona, de las que se ejecutan en los consejos de Política Fiscal y Financiera, en los que están representadas todas las comunidades que y controla el Gobierno. Reuniones que sirven para rechazar por mayoría aplastante las pretensiones formuladas desde la Generalitat.
En estas, el Gobierno lanzó el viernes un nuevo mensaje en el que otra vez en lugar de propuestas se estudian posibles sanciones a la Generalitat, que por extensión podrían afectar a los ciudadanos catalanes, a cuenta de la polémica sobre la financiación del referéndum y la manguera del FLA. Seguimos sin hacer amigos.
El grupo de expertos sobre financiación autonómica se niega a ver la realidad de la situación catalana