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El notable crecimiento de la economía española en el segundo trimestre del año, y el ataque de un grupo de encapuchados a un bus turístico.
EL hecho de que un grupo de encapuchados asalte un autobús turístico, en plena psicosis de atentados yihadistas en Europa, supone un susto de muerte para sus ocupantes. Es un acto para el que no tiene que haber ningún tipo de tolerancia. Las autoridades y la policía deben investigar el suceso, ocurrido el jueves en Barcelona en las inmediaciones del Camp Nou, y perseguir y detener a los culpables, a quienes la justicia debería imponer un castigo ejemplar. Afortunadamente, el hecho acabó sin víctimas, sólo con las ruedas del autobús pinchadas y una pintada sobre el cristal delantero que decía: “El turisme mata els barris”. Pero la conmoción fue enorme.
El activismo violento contra el turismo en Barcelona va in crescendo y ya es hora de atajarlo de raíz. La del jueves es una más de las agresiones contra el Bus Turístic y otras infraestructuras y hoteles, cometidas por colectivos anónimos para demostrar su malestar por el impacto de la masificación turística. Todas las opiniones son respetables y existen los canales democráticos suficientes para expresarlas. La violencia no puede ni debe tolerarse. Estamos en una ciudad civilizada y democrática, que se caracteriza por su capacidad de acogida a los visitantes, y acciones de este tipo no tienen ninguna justificación. Los que atacan el turismo, además, van en contra de la creación de empleo y de riqueza en la ciudad, que ha salvado a muchas familias de la crisis.
Ya no se debe hablar más de que sólo se trata de casos aislados, como hacen las autoridades municipales. De hecho, además de las pintadas en hoteles, en otras ocasiones ya se han pinchado ruedas del Bus Turístic con chinchetas, en el Park Güell. En varias paradas también ha habido encapuchados que han pintado los retrovisores de los autobuses y han escrito frases contra los turistas. Pero lo sucedido el jueves es la gota que colma el vaso.
La turismofobia militante, con sabotajes a cargo de grupos cada vez más organizados, es un fenómeno creciente en Barcelona que ideológicamente está alimentado desde determinados ámbitos políticos. El Ayuntamiento de Barcelona, con la alcaldesa Ada Colau a la cabeza, debería condenar enérgicamente esta escalada violenta que más parece una guerrilla urbana y responder, como hemos dicho, con toda la contundencia legal para atajarla.
Algunas formaciones políticas municipales, como el Grup Demòcrata y el Partido Popular, han pedido ya que el Ayuntamiento se persone judicialmente como parte afectada contra los autores de estos actos vandálicos. Sólo cabe la tolerancia cero ante ellos para evitar que se pueda llegar a situaciones más graves.