La Vanguardia (1ª edición)

No entiendo una carta de la administra­ción pública

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El otro día recibí una carta certificad­a de la administra­ción pública. Me la enviaban porque me querían notificar algo, pero no he sido capaz de descifrar su mensaje. Soy licenciada y trabajo como editora, por lo que considero que mi nivel de comprensió­n lectora no debe de ser deficiente. Aun así, pensé que debía ser yo la que no entendía nada y se la di a leer a dos personas más, también con estudios superiores.

Nada, nos fue imposible saber cuál era la conclusión de la carta (de qué iba ya lo entendimos, pero no supimos descifrar si yo tengo obligación de hacer algo o si tengo derecho a reclamar).

Y yo me pregunto, ¿por qué las administra­ciones se empeñan en enviarnos cartas de informació­n que sólo los juristas son capaces de entender? No me parece mal que me envíen la resolución tal cual se ha redactado, pero debería adjuntarse un escrito en el que, con palabras que entendamos todos los ciudadanos

normales, nos expliquen qué se nos comunica. Porque la comunicaci­ón se considera como tal, no sólo cuando el emisor envía un mensaje, sino cuando el receptor lo recibe y después lo entiende.

¿Qué tengo que hacer yo ahora? ¿Llamar (y pagar) a un abogado que me lo descifre? ¿Llamar o acudir a la administra­ción correspond­iente con las consecuent­es esperas y colas? Al final, como siempre, el ciudadano de a pie es el que paga los platos rotos de un mal funcionami­ento del sistema.

Pero mientras sólo afecte al ciudadano y no a los representa­ntes no parece que el sistema vaya a cambiarse.

BEATRIZ ARROYO RODRÍGUEZ

Mataró

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