Un yogur amargo
La ministra de Trabajo francesa se embolsó un millón de euros mientras recortaba 900 empleos en Danone
La oposición francesa reclama el cese de la ministra de Trabajo de Macron, que se embolsó más de un millón de euros con la venta de acciones de Danone mientras colaboraba en el despido de 900 trabajadores de esta compañía.
El que avisa no es traidor. El candidato Macron lo anunció y su mayoría parlamentaria lo corroboró el jueves por la noche: el nuevo código de trabajo será promulgado a golpe de decreto. Promesa de un otoño caliente, en la calle, y de líos judiciales y éticos para la ministra que debe sacar adelante la reforma.
En la historia hay yogur, millones, empresas emergentes y ética. El pequeño Daniel Carasso, Danone, el humanista que hasta poco antes de su muerte, nonagenario, tuvo despacho en la sede francesa de la multinacional que lleva su apodo, no habría entendido a la empresa que se cepilla a 900 empleados de una tacada en el 2013. Y menos aún que la responsable de tal limpieza, la directora de Recursos Humanos, Muriel Pénicaud, se embolsara poco después más de un millón de euros de stock options.
El fin de las ideologías es el principio del macronismo. Pero aun así es difícil entender que el candidato que prometía una comprobación de limpieza si no de sangre, del pasado, antes de nombrar ministros, haya dado Trabajo a Pénicaud.
L’Humanité explicó al detalle la purga del 2013: cargos y administrativos de 26 países –230 en Francia– en la calle. Y la jugosa operación Pénicaud : 55.120 acciones compradas por debajo del valor del mercado, a 34,85 euros cada una, vendidas inmediatamente a 54,81 euros, su valor de mercado. Cifras públicas. ¿Macron podía ignorarlas?
El 28 de julio los diputados comunistas recibieron a Pénicaud en el Parlamento esgrimiendo el periódico como reivindicación. Porque si tal enriquecimiento es legal, la proximidad de las fechas entre el llamado plan social, 19 de febrero, y la compraventa de las acciones, 30 de abril, “choca en un cargo público”.
Los ministros están obligados ahora a declarar sus ingresos de los cinco años precedentes. Y la Alta Autoridad por la transparencia de la vida pública, a publicarlos. Así se pudo saber que la ministra tenía un buen pasar. Entre el 2012 y el 2014, mientras Danone le pagaba casi 5 millones de euros, Orange retribuía con 128.000 euros su presencia en su consejo de administración.
En mayo del 2014 fue nombrada directora de Business France, agencia pública, con un sueldo anual de 220.000 euros. Y otro problema. El 6 de enero del 2016, Business France organiza una French Tech Night en Las Vegas, velada de las empresas emergentes francesas, con Emmanuel Macron, ministro de Economía, como invitado estrella. La fiesta costó 382.000 euros y, distraída, Pénicaud olvidó su obligación, al estar de por medio el Estado, de convocar un concurso. Por eso un juzgado de París ha abierto un expediente sobre dos posibles delitos: favoritismo y encubrimiento.
François Ruffin, cineasta cuyo potente documental acusatorio contra Bernard Arnault, primera fortuna de Francia con 49.600 millones de euros y presidente de LVMH, multinacional líder en el lujo, le aupó hasta ser elegido diputado por Francia Insumisa de Mélenchon, denunció desde su estrado “un Pénicaudgate”.
Para Ruffin, “esa señora es ahora ministra de Trabajo, lo que quiere decir que limitará las indemnizaciones a los trabajadores antes que regular las stocks options. Es algo que debe escandalizar a la opinión y debilitar su confianza en los poderes públicos”. Y le sugirió “unas prácticas en la Magistratura de Trabajo para asesorar a los asalariados
Un nuevo escándalo en el Gobierno Macron cuando la Asamblea da el sí a la reforma laboral a golpe de decreto
y reducir el efecto de desconexión con la realidad que le da el cargo”.
Corinne Bouchoux, senadora ecologista, fustigó la evidencia: “Cuando algunos ganan en un día lo que suman en el mismo periodo millares de trabajadores, una piensa que no vivimos en el mismo mundo”. Y Eliane Assassi, presidenta del CRC, grupo comunista republicano, señaló “la gravedad, desde un punto de vista ético, de conocer las cuentas de la ministra y, simultáneamente, las cuentas de boticario con las que su Gobierno ajusta aún más el cinturón a nuestro pueblo”.