Pisos públicos ocupados tres años ilegalmente
Algunos pisos públicos de la ciudad de Barcelona llevan más de tres años ocupados de manera ilegal. Así lo reconoce el Institut Català del Sòl (Incasòl) en respuesta por escrito a una pregunta parlamentaria que ayer dio a conocer el presidente del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández.
El dirigente popular, siempre a partir de los datos facilitados por la Generalitat, reveló ayer que, a fecha del 31 de mayo de este año, había pisos en la capital catalana que acumulaban más de 1.000 días de ocupación ilegal. El número de viviendas afectadas por esta situación en Barcelona era de 22.
El récord absoluto lo ostenta, con 1.114 días de ocupación por aquellas fechas, un piso de la Via Favència, en el distrito de Nou Barris. Esta vivienda, como otras que aparecen en la lista, ha sido objeto de sucesivas ocupaciones y de problemas de carácter judicial que, según precisa el Incasòl, “han comportado una demora en la resolución del procedimiento judicial”. Le siguen en esta relación una vivienda de la calle Química, en la Zona Franca, que a finales de mayo llevaba 1.056 días ocupada ilegalmente, otra de la calle Luz Casanova, en Nou Barris (916 días) y, en cuarta posición, un piso de la calle Sant Bernat, en Ciutat Vella (890 días). El distrito de Nou Barris es el que tiene un mayor número de pisos sociales ocupados de forma ile-
El PP presenta un ranking facilitado por el Incasòl que encabeza una vivienda de la Via Favència
gal, seguido de los de Ciutat Vella y Sants-Montjuïc.
A partir de estos datos, Fernández señaló que el Plan de Vivienda de Colau “contempla la posibilidad de conceder derechos a las viviendas públicas ocupadas ilegalmente”. “La permisividad de Puigdemont y Colau con los okupas crea un efecto llamada de las ocupaciones irregulares en Barcelona”, denunció el presidente del grupo popular.
Alberto Fernández añadió que “cada piso público ocupado ilegalmente es una familia con necesidad que se ve privada de una vivienda social”.
En este sentido, defendió que no se pueden consentir que esas “ocupaciones ilegales tengan beneficios, ya que además de incumplir la ley, perjudican a familias que necesitan de una vivienda social, y no por ello pegan una patada a la puerta, sino que siguen trámites y cumplen normas”.