La inhabilitación de cargos por el 1-O divide al TC
El sector progresista del Tribunal rechazaría una petición del Gobierno de apartar a responsables públicos La mayoría conservadora preferiría no acordar suspensiones si se pierde la unanimidad
El Tribunal Constitucional (TC) se ha ido de vacaciones con especial preocupación por las decisiones que tal vez tenga que tomar en un inmediato futuro en relación con Catalunya y el anunciado referéndum de independencia del 1 de octubre. Hay un escenario posible que inquieta de manera especial a los magistrados. Se trata de la hipótesis, contemplada en la actual ley orgánica que rige el funcionamiento del TC, de que el Gobierno le pida la inhabilitación o suspensión de algún cargo público, empezando por la del president de la Generalitat, Carles Puigdemont.
El propio mandatario catalán se ha referido a esta posibilidad legal, afirmando que si se produce no la acataría. La preocupación del TC, en todo caso, es anterior a estas manifestaciones. Lo que inquieta a los miembros del Constitucional no es tanto la respuesta que pudiera registrar una suspensión de este tipo, sino el hecho mismo de tener que planteársela. Los componentes del Constitucional tienen claro, porque lo han hablado, que una decisión de esta naturaleza en ningún caso podría ser unánime. Hay por lo menos cuatro magistrados, los miembros de la minoría progresista, que no respaldarían apartar a políticos de sus puestos de responsabilidad. En consecuencia, expresarían su oposición mediante votos particulares en contra de ejercer la posibilidad legal que tiene el TC para suspender a cargos públicos. Y no se descarta que los votos en contra fueran no sólo los de los componentes de la citada minoría –los magistrados Fernando Valdés Dal-Ré, María Luisa Balaguer, Juan Antonio Xiol y Cándido Conde-Pumpido–, sino que se sumara a esta opción la vicepresidenta de la institución, Encarna Roca, catedrática de Derecho Civil de la Universitat de Barcelona y apoyada en su día para acceder al Constitucional por CiU y por el PSC.
Esta posibilidad de pérdida de la unanimidad en una decisión de gran relevancia inquieta mucho en el Constitucional. Desde que se inició el proceso soberanista, el TC ha ido acogiendo los sucesivos recursos e incidentes de ejecución de sentencia que le ha remitido el Gobierno como una obligada asunción de responsabilidades derivada de su papel institucional. Pero en paralelo, y con diferente intensidad según el contexto de cada momento, ha ido acumulando razones para considerar que se le estaba trasladando un excesivo protagonismo. De ahí que en más de una ocasión el Constitucional subrayara en sus resoluciones que es la política la que debe afrontar y dar respuesta a los conflictos territoriales.
A pesar de ello, el goteo de impugnaciones no ha cesado y el TC sigue teniendo un papel esencial en relación con el proceso soberanista en general y con el anunciado referéndum del 1-O en particular. Conscientes de ello, los magistrados han intercambiado en las últimas semanas puntos de vista y e incluso vaticinios sobre los posibles pasos siguientes del Gobierno y la Generalitat.
Este intercambio de opiniones ha incluido el análisis de la citada posibilidad de que el Ejecutivo haga uso de sus atribuciones para pedir al TC que suspenda a cargos públicos catalanes. Y la conclusión, que en esto sí ha resultado prácticamente unánime, ha sido que convendría que el Gobierno fuese consciente del riesgo de fractura en el Constitucional y del coste que ello pudiera tener tanto para esta institución como para la estrategia más adecuada de defensa de la Carta Magna.
Hay muchos caminos por los que mensajes de este tipo pueden llegar al Gobierno. En el TC existe la seguridad de que en este caso ya han llegado. En parte, porque los propios magistrados de la mayoría conservadora no desean tener ni arte ni parte en una situación en la que, con un Constitucional dividido, se les pueda acusar de haber echado leña al fuego y de haber contribuido a generar factores de mayor tensión en el cuadro de las trabajosas relaciones institucionales y políticas existentes entre el Estado y Catalunya.
Hasta ahora, todas las resoluciones sobre el proceso soberanista han sido consensuadas El sector conservador del tribunal rechaza una suspensión acordada con votos en contra Si Encarna Roca apoya al bloque progresista, la decisión se tomaría por 7 votos a 5