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La responsabilidad por la crisis del aeropuerto de El Prat, y las protestas de los vecinos de la Barceloneta contra la especulación y el incivismo.
DESDE hace tres semanas, el aeropuerto de El Prat vive sumido en el caos. En plena temporada turística, la huelga de la empresa Eulen, que se ocupa de los filtros de seguridad (debido a la escasez de efectivos de la Guardia Civil, su responsable última, y previo convenio con Fomento), ha supuesto incómodas esperas, a veces de varias horas. También muchas pérdidas de vuelos. Y, en suma, una serie de disfunciones que perjudican gravemente a los usuarios y dañan la imagen de Barcelona.
En la votación que celebraron el jueves, los trabajadores de Eulen rechazaron un conjunto de mejoras de su retribución, entre ellas una que les suponía unos 200 euros mensuales más de media; o sea, una subida de sus emolumentos situada alrededor del 18%. El Gobierno, cuya reacción ante este enojoso asunto no ha sido diligente, decidió al fin esta semana tomar cartas en el asunto, en lo que de hecho supuso una desautorización de Aena, la sociedad mercantil estatal que gestiona los aeropuertos de España. Tal como había dado a entender la víspera, Fomento anunció el viernes que efectivos de la Guardia Civil reforzarían los controles de seguridad de El Prat, para así paliar el efecto de los paros. El titular de esta cartera, Íñigo de la Serna, explicó además que se habían iniciado los trámites en pos de un laudo de arbitraje, de obligatorio cumplimiento, que ponga fin al conflicto.
Se trata de dos medidas que, si bien tardías, apuntan en la buena dirección. Pero que no bastan para garantizar a los viajeros que, a corto y medio plazo, su paso por el aeropuerto de El Prat va a estar libre de sorpresas, incidentes o sobresaltos. Entre otros motivos, porque si los empleados deciden mantener la huelga en la votación prevista para hoy, se llevará a cabo el paro total e indefinido convocado a partir de mañana. También porque un laudo laboral como el mencionado depende de la sanción positiva del Consejo de Ministros y, de no mediar una convocatoria extraordinaria, no es probable que haya una reunión de este tipo antes de dos semanas. Es decir, el conflicto de El Prat puede enquistarse más de un mes, precisamente el de agosto, que es el de más tráfico, según reflejan los casi cinco millones de pasajeros contados en agosto del 2016.
Seacualseaeldesenlacedelconflicto,eldañoyaestáhecho. Volar a Barcelona, y sobre todo partir de Barcelona, lleva siendo una pesadilla desde hace tres meses, cuando hubo la primera crisis en los controles de pasaportes, y se ha agravado especialmente desde la última semana de julio y en lo que llevamos de agosto. Lo saben bien nuestros lectores y también en los países de nuestra vecindad. Los responsables de este daño son varios. En primer lugar, las distintas partes implicadas. Por ejemplo, Aena, que obtiene cada año cientos de millones de euros de beneficios en El Prat, pero rehusó durante dos semanas sentarse a negociar, alegando que se trataba de un conflicto entre Eulen y sus trabajadores. Pudiendo haber ayudado a resolver pronto el conflicto, ha contribuido a dilatarlo, y se expone ahora a un efecto contagio en otros aeropuertos españoles. O los trabajadores de Eulen, que han exhibido rigidez, y que hoy tienen una nueva oportunidad de rectificar y aceptar una jugosa mejora económica. O la dirección de Eulen, que ha realizado un esfuerzo al pasar de su oferta inicial de 30 euros más mensuales a otra de 200, pero tampoco ha sabido abreviar los paros. O el Gobierno, que ha demorado su intervención, de una manera que hubiera sido desconsiderada en todo caso y que, en la presente coyuntura política, es además muy imprudente. Ni Barcelona ni sus viajeros merecen este trato abusivo y vejatorio.