Los ERE andaluces se desinflan
Las últimas decisiones reducen el número de implicados y supeditan el futuro procesal de los encausados al juicio por la “pieza política”
Mercedes Alaya llegó a imputar a cerca de 300 personas, pero su sucesora al frente del escándalo y la Audiencia Provincial de Sevilla han tomado en los últimos meses una serie de decisiones que reducirán en gran medida la cantidad final de investigados. Todavía se desconoce el número definitivo de personas que se sentarán en el banquillo de los acusados, pero es una realidad que el caso se desinfla. Todo dependerá de lo que suceda en el primer juicio, la conocida como pieza política o procedimiento ordinario, que se abrirá el 13 de diciembre y en el que están procesados 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
La sentencia se conocerá a lo largo del próximo año y de ella dependerá la suerte judicial de gran parte del resto de los implicados, entre ellos los trabajadores beneficiados por las ayudas irregulares. De momento, sí está claro que esos 22 antiguos cargos andaluces sólo van a ser enjuiciados una sola vez y lo serán en ese juicio político. El caso se ha dividido en multitud de piezas separadas, una por cada empresa beneficiada, y la magistrada Alaya hubiera deseado que cada alto cargo de la Junta también fuera juzgado en cada una de esas piezas, por las ayudas que concedió de manera presuntamente irregular.
Sin embargo, la sección séptima de la Audiencia Provincial, precisamente la misma en la que actualmente trabaja Alaya, que no puede intervenir en nada relacionado con los ERE, ha dejado claro en tres autos que los ex altos cargos acusados de participar en el sistema irregular de reparto de ayudas a empresas sólo pueden ser juzgados una vez. Lo contrario provocaría una “duplicidad de procesos sobre los mismos hechos”. Prevalece la idea de que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos. La decisión, a la que se opone la Fiscalía Anticorrupción en línea con las tesis de Alaya, es trascendental ya que reduce en buena medida el número total de encausados.
Han sido los representantes legales del exconsejero Antonio Fernández y del exdirector de la Agencia Idea, Jacinto Cañete, quienes han conseguido este triunfo para sus patrocinados. Ambos serán enjuiciados en la pieza política de los ERE, pero no en las decenas y decenas de procesos a los que se veían abocados hasta ahora.
La decisión también afecta de lleno a las empresas que solicitaron esas ayudas y a los trabajadores que las recibieron, muchos de ellos inmersos en el procedimiento judicial. “Si los responsables de conceder esas ayudas no van a ser juzgados por malversación, ¿cómo van a malversar quienes simplemente las recibieron”, reflexiona un abogado que trabaja en el caso.
La juez Núñez Bolaños, sustituta de Alaya, ha llegado a considerar “víctimas” a las empresas y trabajadores que recibieron esas ayudas. De hecho, ha procedido ya a dar varios carpetazos y desimputaciones en los casos de empresas que recibieron esas ayudas, pero no colaron a intrusos, personas que nunca habían trabajado en la firma, en la lista de beneficiarios del ERE.
El caso puede desinflarse si los responsables políticos fueran absueltos de los delitos de prevaricación y malversación de fondos que se les imputa. Una sentencia liberatoria que va ganando fuerza, y para la que ya existen precedentes importantes, como la absolución de los implicados en el caso Mercasevilla que dio origen a los ERE. Miguel Hidalgo, otro de los letrados defensores, está convencido de que finalmente todos los políticos serán absueltos, “porque ninguno de los procesados en la pieza política se quedó con un euro. Ninguno se ha llevado dinero y eso está demostrado”. ¿Significa todo este embrollo judicial que no llegarán a ningún sitio las decenas de causas que se han abierto, una por cada ayuda? No, pero si la cúpula socialista es absuelta de haber constituido una trama para otorgar ayudas irregulares con las que conseguir fidelizar miles de votos para el Partido Socialista, tesis de fondo defendida por Alaya contra viento y marea, todas las causas que se diluciden posteriormente tendrían imposible que se dictaran condenas por malversación. Quedarían en pie aquellos casos de empresas en las que se pudiera probar que se introdujeron intrusos que cobraron sin tener derecho a ello; las piezas abiertas por las comisiones infladas, pagadas a entidades y aseguradoras que actuaron como mediadoras entre la Junta y las empresas o casos demoledores como el del chofer que destinó dinero a drogas y alcohol.
Los ex altos cargos socialistas serán juzgados una sola vez en un único proceso y no en decenas