El Govern sólo ha aprobado la mitad de las leyes prometidas
El choque con los partidos de la oposición condiciona la actividad parlamentaria
El Govern de Junts pel Sí que preside Carles Puigdemont, sólo ha conseguido sacar adelante 23 de las 45 leyes que contemplaba su plan de gobierno. Desde el inicio de esta XI legislatura, el 26 de octubre de 2015, el Parlament de Catalunya únicamente ha aprobado 5 leyes en 2016 y 18 más en lo que va de año. Entre ellas, la ley de Presupuestos de la Generalitat de 2017 y la del Código Tributario de Catalunya, que sienta las bases de una futura hacienda catalana con capacidad para recaudar todos los impuestos, y forma parte de las llamadas leyes de desconexión. A modo de referencia, en la anterior legislatura se aprobaron 47, y eso que acabó 14 meses antes de su fecha límite.
La actividad parlamentaria de esta XI legislatura ha estado marcada por los contenciosos del Parlament con el Tribunal Constitucional por las iniciativas de JxSí y la CUP para avanzar en el proceso soberanista y por el clima de crispación entre el bloque independentista y los partidos de la oposición.
Puigdemont fue investido president en enero de 2016 con el encargo de pilotar una legislatura excepcional de 18 meses centrada en tres ejes, plan de choque en materia social, ruptura legal con el Estado y comienzo del proceso constituyente. Su plan de gobierno incluía 45 leyes y 750 medidas concretas a desarrollar en el tiempo fijado para esta atípica legislatura. El balance, tras 21 meses de legislatura es de 23 leyes aprobadas, y tanto la presidenta como la Mesa del Parlament bajo investigación del TC.
Entre las leyes aprobadas por el Govern de JxSí destacan la Ley de Comunidad Catalana en el Exterior, que crea un registro de catalanes en el extranjero; la de reparación jurídica de las víctimas del franquismo, que anula todos los juicios de la dictadura, la de protección del derecho a la vivienda para personas en riesgo y la creación de una Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) de 664 euros mensuales para luchar contra la exclusión social, entre otras.
Además, desde el inicio de la legislatura el Parlament ha aprobado 11 decretos ley del Govern, como el que crea el registro de los grupos de interés y el impuesto sobre las bebidas azucaradas, y ha hecho diversas proposiciones de ley al Congreso de los Diputados, como la que reclama la despenalización de la eutanasia en casos concretos.
Según se especifica en la web del Parlament, actualmente hay seis proyectos de ley en trámite que ha impulsado el Govern, entre los que destacan la ley del voto electrónico para los catalanes que viven en el extranjero y la de igualdad de trato y no discriminación, que pretende imponer sanciones a discriminaciones por razón de religión, discapacidad, edad, raza, etnia, sexo o orientación sexual. La Cámara asimismo está tramitando una cuarentena de proposiciones de ley presentadas por los grupos y varias ILP, una de ellas para prohibir los ‘correbous’ en Catalunya.
Entre las proposiciones de los grupos parlamentarios, destaca la ley del referéndum, con la que se pretende dar cobertura legal a la convocatoria, organización y celebración del referéndum del 1 de octubre sobre la independencia de Catalunya, y que JxSí y la CUP registraron el pasado lunes. La ley esta pendiente de una reunión de la Mesa del Parlament para que empiece su trámite parlamentario, que no será antes del 16 de agosto, día en que el Parlament retoma su actividad tras las vacaciones.
También se espera que la ley de transitoriedad jurídica, la principal de las llamadas leyes de desconexión, se dé a conocer a finales de agosto y que pocos días después, JxSí y la CUP la registren en el Parlament para que inicie su tramitación, entre la última semana de agosto y la primera de septiembre.
Pero si por algo está marcada esta legislatura es por los litigios de la Cámara catalana con el TC, a raíz de algunas iniciativas impulsadas por la mayoría independentista. Ya en su arranque, el Parlament realizó la declaración soberanista del 9 de noviembre de 2015, que declaraba el inicio del proceso de desconexión, y que fue anulada por el TC.
Otro proceso judicial destacado se derivó del debate en el pleno del Parlament de varias iniciativas soberanistas, que el TC pidió que la Mesa del Parlament no permitiera, por lo que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) inició la investigación a los miembros del órgano director.
Por este caso están siendo investigados y han sido llamados a declarar la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el entonces vicepresidente primero, Lluís Corominas, y los secretarios de la Mesa, Anna Simó, Joan Josep Nuet y Ramona Barrufet.
El último caso ha sido el de la reforma del reglamento del Parlament que han impulsado JxSí y la CUP para aprobar las leyes de desconexión por el mecanismo de máxima urgencia, y que el TC ha suspendido cautelarmente después de su aprobación la semana pasada.
El Parlament ha aprobado 23 leyes de las 45 que contempla el plan de gobierno de Junts pel Sí La Mesa del Parlament se reune el miércoles sin que en el orden del día esté la tramitación de la ley del Referéndum