El Gobierno pide respeto a los actos judiciales pese a sus consecuencias
El Ejecutivo admite que encarcelar a sus líderes puede alentar al soberanismo
El Gabinete de Rajoy fija como objetivo de las elecciones abrir una etapa de recuperación, estabilidad y seguridad
La Moncloa subraya los malos datos económicos en turismo y paro desde el referéndum del 1-O
El Gobierno es consciente de que el encarcelamiento de los exmiembros del Govern ha provocado una sacudida en el mundo independentista. Y es consciente también de que en esa decisión de la juez Carmen Lamela el independentismo ha encontrado un nuevo motivo para rearmarse tras el mal paso provocado por el desmantelamiento del ejecutivo catalán, la huida de Carles Puigdemont a Bélgica y la falta de respuesta institucional a todos esos acontecimientos.
El Gobierno de Mariano Rajoy es consciente de ello y, aunque todavía falta para la celebración de las elecciones –el 21 de diciembre–, reconoce que la situación política en Catalunya es muy volátil.
Sin embargo, cree que las decisiones judiciales, la del jueves también, hay que respetarlas. Lo dejó claro el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, que no se salió ayer del guion marcado el día anterior desde el Gobierno: “Respetamos y acatamos las decisiones judiciales. El Gobierno siempre las respetará y las acatará. Las consecuencias políticas que pueda tener las ignoro –afirmó el ministro– pero siempre seremos respetuosos”.
El Ejecutivo trata de quitarse de encima la responsabilidad política en la que puede incurrir si, en esas elecciones que ha convocado en virtud del artículo 155, el independentismo sale reforzado tras el encarcelamiento de los exconsellers. “Hay separación de poderes”, puntualizaba Méndez de Vigo en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, “lo que se decide en el ámbito de la Justicia escapa al ámbito del Gobierno”.
El Ejecutivo recuerda que su única responsabilidad debe ser asegurar la celebración de las elecciones del día 21 con plenas garantías. Todo lo contrario, en opinión del Gobierno, de lo que ocurrió con el referéndum del 1 de octubre. “Aquí sí habrá urnas, papeletas, tarjetas censales, censo, una junta electoral, el control democrático habitual, un recuento oficial, riguroso y transparente y con proclamación de resultados por parte de la junta electoral”.
Unas elecciones, recordó Méndez de Vigo, a las que, “mientras no haya sentencia firme incluso los encarcelados pueden presentarse”. Todo con un fin, que el Ejecutivo la considera su principal responsabilidad “que con estas elecciones se acabe la etapa de inestabilidad y deterioro de la convivencia”. Será por lo que el Ejecutivo trabajará. “Lo que el Gobierno espera de esas elecciones es “estabilidad, seguridad y certeza”.
Tras las numerosas citas electorales a las que han sido llamados a las urnas los catalanes en los últimos años –no sólo elecciones catalanas, sino generales, europeas “y dos consultas ilegales”, dijo Méndez de Vigo– “estas elecciones deben servir para dar a Catalunya esa estabilidad que necesita, “y evitar las consecuencias económicas” que está padeciendo la comunidad y que el Gobierno se encargó de subrayar tras el debate en el Consejo de Ministros de un informe.
La ministra Fátima Báñez, al explicar al Consejo de Ministros los datos de paro que se hicieron públicos ayer, hizo especial hincapié en los de Catalunya. Por ejemplo, en cuanto a afiliación a la Seguridad Social, a partir del 10 de octubre, mientras en el resto de las comunidades autónomas aumentaba mucho –puso como ejemplo 40.000 en Madrid y 38.000 personas en la Comunidad Valenciana–, en Catalunya sólo subía en 1.700. El incremento del paro, de 1.828 personas en Valencia, se disparó en Catalunya hasta alcanzar los 14.698 trabajadores.
El impacto del 1 de octubre en el turismo fue otro elemento destacado por el Gobierno en su balance. Subrayó que la ocupación hotelera ha bajado de manera preocupante. Como ejemplo, el puente del Pilar, cuando Catalunya fue la tercera comunidad autónoma con menos ocupación, y en la Costa Brava sólo llegó al 77%, mientras que lo habitual era del 99%, y eso, subrayó el ministro portavoz, pese a la bajada de precios para tratar de atraer a más clientes.
Con todos esos datos, el ministro lo tiene claro: “Las elecciones tienen que ser un punto final y abrir un proceso de estabilidad, seguridad y recuperación”.
El Gobierno, en el Consejo de Ministros ordinario de ayer, decidió interponer cinco recursos de inconstitucionalidad a leyes de dos comunidades autónomas. Tres de ellos contra leyes catalanas y el resto de la Comunidad Valenciana.