El turismo necesita quien lo defienda
HA transcurrido poco más de un mes desde el 1-O, cuando las imágenes de las cargas policiales dieron la vuelta al mundo, y los datos oficiales sobre el turismo siguen sin reflejar una caída del negocio generado por este sector fundamental para la economía catalana. Es más, la foto fija de las últimas estadísticas permite sacar pecho a quienes defienden que la convulsa situación política catalana no incide de manera relevante en los indicadores económicos. Ahí están los últimos datos del INE: en el mes de septiembre, Catalunya recibió a 1,9 millones de turistas, lo que supone un 6,1% más que el mismo mes del año anterior. Ni siquiera los atentados de Barcelona y Cambrils parecen haber causado efecto en la privilegiada posición catalana en el ranking de los destinos turísticos.
Lamentablemente, en las últimas semanas se empiezan a detectar síntomas que cuestionan esos datos oficiales y apuntan a que nos encontramos ante un mero desfase estadístico, a la espera de cálculos más actualizados que sin duda reflejarán una realidad cambiante. Nos referimos a las advertencias formuladas a título individual por empresarios de la hostelería que han visto como el negocio de sus hoteles o restaurantes ha registrado caídas del orden del 30%. O a la constatación de que, de manera insólita, el Imserso no ha cubierto las plazas ofertadas en Catalunya para el año 2018 (el turismo interior es el que más se resiente). O al frenazo en la creación de empleo en el mes de octubre y al hecho de que el mercado laboral catalán liderara en el mismo mes el incremento de desempleados registrados en el Inem, con fuerte incidencia del sector de la hostelería.
Los indicios de que un sector que representa el 15% del PIB catalán ha entrado en una senda negativa deberían servir para que se activaran, sin más dilación, políticas de urgencia encaminadas a proyectar una imagen de atractiva normalidad que compensara los efectos de eventuales imágenes de incidentes en las calles, que tienen una incidencia letal en las reservas vacacionales. La incógnita es cómo se puede pasar a la acción en este sentido desde una Generalitat intervenida por el artículo 155 (no hay precedentes que permitan aventurar una hipótesis) o desde un Ayuntamiento de Barcelona que no ha abandonado aún el discurso crítico con los efectos que el turismo tiene en la población, como si nada hubiera pasado mientras tanto.
En este contexto, son los propios empresarios, las patronales y plataformas que les representan y las organizaciones sindicales del sector quienes están llamados a ejercer la máxima presión posible para que se adopte una actitud proactiva ante esta crisis. Cuanto antes nos pongamos a trabajar, antes podrá revertirse la situación.