El Tribunal de Cuentas investiga al Govern por el coste del 1-O
Las pesquisas sobre la financiación del referéndum también afectan a la ANC y Òmnium
Hacienda ha pedido a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas que esclarezca si se gastaron fondos públicos en la organización y celebración del referéndum del 1-O, por si hubiera que pedir responsabilidades al Govern, a la ANC y a Òmnium Cultural.
El Tribunal de Cuentas va a abrir un nuevo frente de combate jurídico sobre las iniciativas lanzadas por las fuerzas independentistas. Si ya tenía una investigación en marcha sobre los gastos de la consulta del 9-N, ahora Hacienda ha pedido a la Fiscalía de dicho Tribunal que inicie diligencias para establecer cómo se financió el referéndum del 1-O y qué cuota de responsabilidad contable tienen en la organización de la iniciativa tanto el Govern como la ANC y Òmnium.
La petición ha partido del secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández Moya, quien plantea que el Tribunal de Cuentas esclarezca “las actuaciones contractuales y administrativas dirigidas a la adquisición y, en su caso, integración en el patrimonio público, de los medios materiales necesarios para la organización y celebración del referéndum”. Y solicita que se adopten “medidas contra el Govern de Catalunya (ahora cesado) y los responsables de las asociaciones identificadas”, en referencia a las entidades cívicas ya mencionadas. Sobre la financiación del 1-O hay también diligencias en el ámbito penal, susceptibles de producir efectos en el Tribunal de Cuentas. En concreto, el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha requerido a la Generalitat, a petición de la Guardia Civil, para que informe de qué gastos realizó para el 1-O, con expresión del “desglose” de todo lo dedicado a este fin, partida por partida. En principio, es la actual administración intervenida la que deberá proveer al hallazgo de datos y su comunicación.
Entre la documentación que se le ha enviado a la Fiscalía figuran los catorce requerimientos previos que Hacienda le remitió al Govern para conocer si estaba dedicando dinero público al referéndum, y en qué cuantía. “La presunta responsabilidad contable de los miembros del Govern de la Generalitat –dice la denuncia de Hacienda– se deriva de su participación directa en la articulación del entramado normativo y de actuación ejecutiva de dirección de todos los actos y procedimientos necesarios para hacer posible el referéndum del 1 de octubre”. Y en cuanto a los dirigentes de la ANC y Òmnium el informe revela que se busca conocer “el empleo de fondos públicos de los cuales se nutren sus presupuestos para la realización de actividades ilegales”.
En paralelo, el Tribunal de Cuentas informó ayer de la recepción de 200.000 euros entregados por la representación legal de Artur Mas para satisfacer la fianza impuesta en relación con la investigación sobre el 9-N. Previamente se entregaron 2,2 millones de euros. El total a satisfacer es de 5,2 millones y el plazo es hasta el 16 de este mes. Luego se actuaría por vía de embargo.
Artur Mas ha hecho entrega de otros 200.000 euros para satisfacer la fianza por los gastos del 9-N