Tiempos extraños
Las duras palabras contra la Unión Europea pronunciadas en Bruselas por Carles Puigdemont; y la intervención por parte del Ministerio de Hacienda de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid.
EL Ministerio de Hacienda ha intervenido las cuentas del Ayuntamiento de Madrid y, hasta nueva orden, las va a tutelar. El departamento que dirige Cristóbal Montoro se lo comunicó ayer al Consistorio de la capital, presidido por Manuela Carmena, de la coalición izquierdista Ahora Madrid. Culmina así un enfrentamiento entre ambas instituciones, con trasfondo de la ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada en el 2012, en tiempo de dura crisis económica, y cuyo objetivo es acompasar el gasto de los ayuntamientos al ritmo de la economía estatal, reservando el ahorro para amortizar la deuda.
Hacienda reprocha a Madrid que, de seguir con su Plan Económico Financiero, este año iba a incumplir la regla de gasto en 238 millones de euros, y en 243 millones el próximo. La decisión de Hacienda se ajusta a Derecho, pero se dan una serie de circunstancias que merece la pena comentar.
El Ayuntamiento de Madrid es el más endeudado de España. En junio del 2012, en tiempos de la alcaldesa Ana Botella, llegó a deber 7.887 millones de euros, una cifra astronómica que llegó a suponer el 60% del total de los municipios españoles. El origen de esta deuda fue, en buena medida, la faraónica política infraestructural de los años del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón. La reducción de esta deuda insostenible comenzó en la etapa de Botella y se ha intensificado desde que Carmena asumió la alcaldía en junio del 2015. En unos dos años, la actual alcaldesa madrileña ha reducido a más de la mitad la enorme deuda heredada de sus antecesores, siendo el pasado verano de unos 3.500 millones.
El propósito de contener la deuda es necesario y acertado. Ninguna institución, pública o privada, puede aumentar tanto el gasto sin comprometer su viabilidad. Pero es deseable que los ayuntamientos, con un contacto más directo con los ciudadanos y que conocen de cerca sus necesidades, puedan desarrollar el programa por el que fueron elegidos. Más aún si han probado su deseo y su habilidad a la hora de reducir el gasto. No concederles un margen de actuación sólo alimenta la teoría de quienes ven razones políticas en estas intervenciones.
La ley es siempre interpretable. Quienes la manejan deben hacerlo con equidad. Carece de sentido aplicarla con igual severidad a una institución que sabe enjugar deudas (en este caso, ajenas) y a otra que las genera. La ley de Estabilidad, que entró en vigor en días de vacas flacas, debe amoldarse a la coyuntura actual y valorar los méritos de cada ayuntamiento. Sería lamentable que su aplicación indiscriminada acabara perjudicando a los ciudadanos privándoles de servicios que les corresponden.