Edificio agrietado

Salvador Cardús analiza la fractura social a la que se enfrenta Catalunya: “Que en las sociedades heterogéneas y abiertas –como la catalana– su cohesión se fundamenta, precisamente, en convertir en un valor fuerte la pluralidad de orígenes, de sentimientos de pertenencia, de ideologías y opciones políticas o de tradiciones culturales y de expectativas de futuro, es otra evidencia”.

Uno de los principales argumentos que se esgrimen en contra de la posible independencia de Catalunya es que este proceso político ha fracturado la sociedad catalana. Y, añadiendo un dramatismo impostado, se afirma que la división afecta a padres e hijos, hermanos, familias enteras, amigos, ofreciendo un panorama desolador.

Que se trata de una preocupación hipócrita es una evidencia ya que la defensa de la integridad territorial de España no nace de ningún interés por el bienestar emocional de la sociedad catalana, sino que se la sitúa por encima de cualquier otra consideración. Que en las sociedades heterogéneas y abiertas –como la catalana– su cohesión se fundamenta, precisamente, en convertir en un valor fuerte la pluralidad de orígenes, de sentimientos de pertenencia, de ideologías y opciones políticas o de tradiciones culturales y de expectativas de futuro, es otra evidencia. Las escuelas catalanas han puesto en ello un empeño inconmensurable. Y que en las sociedades adelantadas se resuelve democráticamente la diversidad de criterios cuando afectan a aspectos fundamentales de convivencia que conviene regular a través de leyes y en sistemas complejos donde las mayorías se imponen respetando tanto como es posible los derechos de las minorías, es otra obviedad.

Pero todas estas consideraciones quedan fulminadas cuando la fractura de una sociedad se convierte en un arma de combate para impedir el debate político democrático. Catalunya ha demostrado, a lo largo de los tiempos –incluidos los periodos en que se han llevado a cabo intentos de genocidio cultural y nacional–, que es capaz de gestionar su diversidad con un notable éxito. El caso de la convivencia lingüística, a pesar de todos los obstáculos puestos para sabotearla, ha sido admirable, una vez más gracias a la tenacidad de la escuela. No es extraño que la divisa “Catalunya, un sol poble” no haya sido sólo un eslogan afortunado, sino un objetivo transversalmente compartido por todo el catalanismo político. Hasta el punto de que no tengo ninguna duda de que la transgresión de este principio es lo que dejaría cualquier partido fuera del catalanismo.

Que la fractura de la sociedad catalana se ha utilizado como un arma política se puede demostrar de muchas maneras, empezando por la vieja advertencia de Aznar de noviembre del 2012: “Antes se romperá la unidad de Catalunya que la de España”. Unas, más chapuceras que otras, como cuando el diputado Jordi Cañas, de Ciudadanos, en el Parlament de Catalunya, en noviembre del 2013, amenazaba que si se seguía con la pretensión soberanista, “os montaremos un Ulster que os vais a cagar”. En otras ocasiones, menospreciando las ideas soberanistas para provocar lo mismo. Por citar casos recientes, las palabras del rey de España del 3 de octubre o, esta misma semana, las de González Pons tratando a Puigdemont de cobarde y traidor, o de Pablo Casado tratando el independentismo de xenófobo y confesando que juzgaba la estrategia de defensa jurídica utilizada por el presidente catalán con “desdén”. Desafío a buscar un solo discurso o mensaje del president Carles Puigdemont en el que se muestre una agresividad y menosprecio similares. ¡Qué paradoja que sea el unionismo el que se defienda dividiendo!

Lo mismo puede decirse del estilo de las movilizaciones en la calle, las pancartas que pueden leerse y los gritos que se oyen. Desde que se avaló políticamente el “a por ellos”, en ninguna movilización unionista ha faltado el acompañamiento minoritario pero creciente –y sin condena ni actuación policial– de los grupos de ultraderecha, los insultos y las agresiones a bienes y personas. Las palabras que describen la realidad, y los relatos construidos por los equipos políticos de comunicación, pueden ayudar a disimular los hechos o a exagerarlos. Pero quien tenga ojos que lo vea.

Supongamos, sin embargo, que efectivamente en la sociedad catalana una mitad exacta querría ser un Estado independiente, y la otra mitad querría seguir en España. Una división de criterio, por cierto, que ocho de cada diez catalanes querrían resolver debatiendo las razones y decidirlo democráticamente en un referéndum. Si este fuera el caso, ¿alguien puede decirme por qué debería atribuirse la mayor responsabilidad de la fractura a los que quieren emanciparse y no a los que quieren mantener el statu quo? ¿No sería más razonable considerar que tiene más responsabilidad quien quiere resolverlo autoritariamente y sin discusión? ¿Y no sería razonable pensar que es especialmente responsable quien no ha sabido atender a las preocupaciones que han contribuido, con su menosprecio, a modelar tal voluntad política secesionista?

De todas maneras, estas consideraciones son fútiles, ahora. Como he dicho, la preocupación por la fractura social de los catalanes no es honesta cuando es argüida por los que la quieren provocar. Y las únicas preguntas que tienen sentido son saber si lo conseguirán, y si las heridas producidas dentro y fuera de la sociedad catalana serán poco o muy difíciles de curar. Pero, honestamente, no las sé responder.

La preocupación por la fractura social de los catalanes no es honesta cuando es argüida por los que la quieren provocar