Hacienda interviene las cuentas del Ayuntamiento de Madrid
Montoro obliga a Carmena a justificar sus partidas cada semana por incumplir la regla de gasto
El Ayuntamiento de Madrid lo tiene claro: la intervención de sus cuentas por parte del Ministerio de Hacienda, obligándole a justificar cada semana una relación del destino de sus partidas, sólo se puede entender como una medida política. Porque no entienden que un consistorio que ha conseguido de una manera más que notable reducir una deuda escandalosa y que tiene superávit sea sancionado con una medida que nunca antes se había aplicado a un ayuntamiento. La intervención de las cuentas por parte del Gobierno central sólo se ha aplicado en una ocasión: el 15 de septiembre, cuando el departamento que dirige Cristóbal Montoro intervino en Catalunya para evitar la trasferencia de la Generalitat al referéndum del 1-O. Entonces, Montoro calificó la medida de “excepcional” “ante la situación de manifiesta ilegalidad”.
La noticia de la intervención del Ayuntamiento de Madrid fue fuertemente criticada por Podemos y PSOE, mientras que PP y Ciudadanos piden dimisiones. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a través de Twitter, fue tajante: “Ayer fue Catalunya, hoy el Ayuntamiento de Madrid: @PPopular usa de forma arbitraria la ley contra adversarios políticos. ¡Hay que pararlos!”. Mientras, la portavoz municipal del PSOE, Puri Causapié, aseguraba que la intervención es un “ataque a los derechos de los madrileños”. Causapié ha anunciado que el PSOE pedirá esta semana la comparecencia de Montoro en el Congreso de los Diputados para que “explique los motivos” de su actuación. Unidos Podemos también ha pedido la comparecencia del ministro.
El equipo de Manuela Carmena ya ha anunciado que recurrirá la decisión de Hacienda en los ámbitos administrativos, políticos y judiciales, aunque desmintió que se trata de una intervención de las cuentas, sino que se trata de una “solicitud de información semanal, que antes se hacía trimestralmente”, según la portavoz Rita Maestre. Pocos son, sin embargo, los que lo interpretan así.
El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, indicó ayer que la interventora del Consistorio madrileño “tiene la obligación, semanalmente, de comunicar las medidas de ajuste que afecten a gastos o que generen, concretamente, incrementos de recaudación permanente vinculados a ingresos”,
La decisión de Montoro, sin embargo, no ha pillado por sorpresa al gobierno de Manuela Carmena. que se “temía” una actuación de este tipo después de un largo tira y afloja en los últimos años (cuentas del 2015 y 2016) por lo que cada uno entiende qué es la regla de gasto –una limitación incluida en la ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada en plena crisis económica para embridar el déficit y la deuda de las administraciones públicas– y hasta dónde llega. El Ayuntamiento sabe que, pese a que ha reducido en 2.000 millones de euros la deuda en los dos últimos años y que tiene un superávit de 1.115 millones de euros y espera concluir el de este año con 622 millones más de ingresos que de gastos, esas cifras no cuadran en las directrices marcadas por el Gobierno central.
En la resolución enviada el lunes, Hacienda comunicó al gobierno de Carmena que le dene-
Colau arremete contra el PP por “usar de forma arbitraria la ley contra los adversarios” La capital discrepa sobre los cálculos efectuados por el ministerio y recurrirá
gaba los planes económicos financieros para el 2017 y el 2018, porque se excedían en 238 y 243 millones de euros, respectivamente. Por ello, le pide que rehagan sus cuentas para ajustarse a la regla de gasto. En concreto, esta impide que los ayuntamientos –como el resto de las administraciones– gasten por encima del crecimiento a medio plazo de la economía española, salvo que se aumenten los impuestos. Este año la tasa de referencia es del 2,1%, mientras que la del año próximo es del 2,3%.
Esta limitación es especialmente sangrante para la inmensa mayoría de los entes locales, que llevan años cerrando de forma global con superávit, a diferencia de las autonomías, la administración central o la Seguridad Social. Las corporaciones municipales se quejan de que, a pesar de tener las cuentas en positivo, por ley no pueden invertir buena parte de los ahorros acumulados en la mejora de sus políticas.
A finales de julio, la Autoridad Fiscal (Airef) ya advirtió de que, con la información facilitada por las grandes capitales, Madrid encabezaba la lista de una serie de ciudades que estaban abocadas a incumplir la regla de gasto, como Valencia, Palma, Bilbao, Córdoba o Gijón. Sólo Madrid destacaba por el incumplimiento reiterado de esta herramienta de disciplina presupuestaria.
Según el Ministerio de Hacienda, el incumplimiento del Ayuntamiento de Madrid tiene que ver con partidas concretas, como prestar servicios que el ministerio considera que rebasan las competencias municipales (428 millones de euros), exenciones en el IBI a población con recursos bajos (75 millones) o la compra del edificio de la calle Alcalá (104 millones).