El bajo endeudamiento blinda a Barcelona
La capital catalana cumple con todas las condiciones impuestas por la ley Montoro sobre el control de gasto en las cuentas
El control de Hacienda sobre las cuentas públicas del Ayuntamiento de Madrid indigna a sus homónimos de Barcelona, pero no les preocupa vivirlo en carne propia. Al menos, no hay razones objetivas para ello. En los despachos de plaza Sant Jaume tienen la tranquilidad de estar cumpliendo todas las condiciones impuestas por el ministerio de Cristobal Montoro, que no son pocas.
El nivel de endeudamiento es la raíz del problema de Madrid y, a la vez, la principal baza de la que saca pecho Barcelona. La capital catalana cerró el 2016 con un ratio de endeudamiento del 32,9%, uno de los niveles más bajos de las administraciones europeas y muy por debajo del 75%, umbral marcado por el Gobierno como máximo y superado por Madrid. Los otros requisitos son pagar a los proveedores a 30 días y no cerrar el ejercicio con déficit, ambas condiciones también respetadas por Barcelona. El año pasado el superávit fue de 97,5 millones.
El hecho de verse obligados a cuadrar las cuentas con grandes beneficios sin poder invertirlos en resolver urgencias sociales es un aspecto que irrita a Barcelona, Madrid y muchas otras ciudades españolas. La ley de estabilidad presupuestaria vigente desde 2012 sólo permite destinar el superávit a reducir deuda para sanear las cuentas de unos ayuntamientos que por aquel entonces estaban muy endeudados. En la capital catalana, después de darle muchas vueltas, encontraron una rendija legal para superar la restrictiva normativa: un plan económico financiero que acompaña a los presupuestos y contempla un conjunto de inversiones vinculadas directamente al superávit. Se trata de un mecanismo
Colau descubrió una rendija legal para aprobar inversiones vinculadas al superávit
que permite sortear la regla de gasto fijada por la ley Montoro que el gobierno de Ada Colau estrenó en la modificación presupuestaria de 2016 y repitió al sacar adelante los presupuestos de 2017. De hecho, es la vía que quería imitar Madrid para superar la restrictiva normativa existente pero que ha tumbado el Gobierno al no cumplir las condiciones previas de endeudamiento máximo.
Los representantes del gobierno municipal de Barcelona se han reunido durante los últimos meses en diversas ocasiones con concejales de Madrid y una docena de ciudades españolas gobernadas por alcaldes de izquierdas para hacer un frente común y defender la necesidad de modificar el cálculo a partir del cual el Ministerio de Hacienda marca la regla de gasto. En mayo fueron al Congreso de los Diputados para hacer oír su voz a través de una declaración municipalista conjunta, aunque no consiguieron ningún avance.