El PP denuncia la “permisividad” de Colau con las okupaciones ilegales
El presidente del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, volvió ayer a la carga para denunciar la actitud que el gobierno de Ada Colau mantiene con el movimiento okupa de la ciudad. El dirigente popular echó mano de una encuesta encargada por su partido y elaborada por la empresa Gesop durante el pasado mes para sentenciar que la mayoría de los barceloneses avalan su opinión y consideran que la alcaldesa es permisiva con las okupaciones ilegales que siguen produciéndose en diversos barrios de la ciudad.
Según informó el propio Fernández, la encuesta –efectuada a partir de 400 entrevistas telefónicas a otras tantas personas mayores de 16 años y residentes en el municipio entre los días 9 y 21 de octubre– señala que el 51% de los barceloneses cree que la alcaldesa está actuando con permisividad ante los okupas. El sondeo indica, por otra parte, que un 29% de los entrevistados considera que el Ayuntamiento no está siendo tolerante con los okupas y el 19,3% no respondió a esta pregunta.
A partir de estos datos, el líder del grupo popular aseguró que una gran mayoría de ciudadanos no está de acuerdo con el supuesto trato de privilegio que el gobierno municipal de BComú y el PSC da a los okupa. Alberto Fernández, que presentó los resultados de su encuesta junto a la finca de Can Vies, aprovechó la ocasión para exigir el derribo de este templo okupa y poder abordar de una vez por todas la reurbanización prevista de la calle Antoni de Capmany. Can Vies tendría que haber sido derribada, junto con otros inmuebles de la zona, en virtud de una modificación del Plan General Metropolitano de Barcelona que preveía cubrir la playa de vías desde la frontera de l’Hospitalet de Llobregat y hasta la estación de Sants (una obra ya realizada) y construir una rampa que debería comunicar el nivel de la calle con la rambla ajardinada elevada que encierra las vías. Can Vies ha cumplido este año su vigésimo aniversario como centro okupado sin que se haya resuelto todavía su futuro.
El concejal del Partido Popular recordó que el gobierno de Ada Colau no ha abierto una oficina antiokupación, que, entre otras funciones, podría asesorar a los vecinos u a las entidades afectadas por las okupaciones ilegales de viviendas y locales. Asimismo, criticó el reglamento municipal de vivienda por considerar que, de hecho, reconoce derechos a los protagonistas de okupaciones ilegales. “Lo que hay que hacer –afirmó Fernández– es acceder a los pisos vacantes pero no dar una patada en la puerta de una vivienda social”. De hecho, algunos bloques destinados en principio a personas con pocos recursos y que no pueden acceder al mercado de la vivienda no pueden cumplir esa función porque en ellos se han instalado por su cuenta personas que no cumplen los requisitos y no siguen los cauces legales establecidos para poder hacerlo.