El Tribunal de Cuentas indaga Barcelona Regional
Las liquidaciones de BR al Ayuntamiento no se correspondían con la realidad, según el autor de la auditoría sobre la empresa
El Tribunal de Cuentas ha aceptado la denuncia e investigará las pérdidas de la empresa municipal Barcelona Regional (BR), según se expuso ayer en la primera sesión de la comisión municipal de investigación sobre las presuntas irregularidades en esta compañía.
Uno de los primeros comparecientes fue Juan Carlos Montiel, subdirector de Barcelona Regional, quien informó de que en el pasado consejo de administración de la compañía se tomaron dos decisiones: comparecer como acusación en el juzgado de instrucción 2, donde se investiga dos contrataciones supuestamente irregulares en BR, y presentar una denuncia en el Tribunal de Cuentas.
Montiel añadió que el Tribunal de Cuentas ha aceptado la denuncia y que está pendiente de nombrarse instructor. Es decir, que el órgano fiscalizador investigará las pérdidas de BR.
La denuncia va dirigida contra el que fue director general de BR de 2011 hasta julio de 2015, Guillermo Müller, si bien el texto alude a actividades hasta 2014. Juan Carlos Montiel señaló que el déficit suma 1.282.415 euros.
El actual subdirector de BR compartió comparecencia con Jordi Vicent, responsable de la auditoría encargada por el Ayuntamiento sobre Barcelona Regional, quien explicó que las pérdidas causadas por la firma al Consistorio han sido de 940.000 euros, cantidad a la que hay que sumar el capital perdido al disolver Barcelona Strategic Urban Systems (BSUS), 133.000 euros más.
En respuesta a las preguntas de los concejales, Vicent aseguró que las liquidaciones presentadas al Ayuntamientos no se correspondían con la realidad. También explicó que el superávit de algunos trabajos se derivaba a otros trabajos que el Consistorio desconocía, y que en el caso de BSUS –donde había participación de empresas privadas– los socios no supieron la existencia de pérdidas hasta entrar en liquidación.
BSUS es el nudo gordiano del asunto, porque fue creada para contratarse en el extranjero, cosa que a BR le estaba prohibida. Muchos encargos fueron deficitarios y la mayoría de gastos fueron por desplazamientos y pago de intermediarios.
En la primera sesión de esta comisión de investigación, que en realidad puede acabar afectando a otros asuntos dependientes de Urbanismo, también comparecieron la letrada municipal Rosa María Sánchez y Carme Torres, interventora delegada, autoras de un informe sobre BR. Ambas describieron que se adjudicaron contratos directamente cuando tendrían que haber sido de concurrencia pública. Una de las beneficiarias, con 142.800 euros, fue la firma Entorn, de Pere Pujol Ferrusola, hijo de Jordi Pujol.
La empresa municipal adjudicó contratos directamente a Entorn, propiedad de un hijo de Jordi Pujol