El día del Brexit
May fija la salida de la UE a las 11 de la noche del 29 de marzo del 2019
El 29 de marzo del 2019 a las 11 de la noche no cambiará oficialmente la hora, ni en Londres ni en ninguna capital del continente. Pero al menos en Gran Bretaña los relojes se atrasarán nada menos que 43 años, hasta 1973, cuando el país ingresó en la entonces Comunidad Económica Europea, firmando un matrimonio que ha resultado turbulento, y que si nadie lo remedia acabará en un divorcio poco amistoso.
La primera ministra, Theresa May, prisionera de la batalla entre euroescépticos y euroentusiastas ,y tan debilitada que es incapaz tan siquiera de efectuar una remodelación ministerial sin que la casa se venga abajo, ha anunciado la fecha y la hora en que el Brexit será efectivo, y los ha puesto en la primera página de la ley de desconexión, para que nadie tenga ideas y piense que es posible “cambiar la voluntad del pueblo” y dar marcha atrás al resultado del referéndum.
“El Brexit va a ser una realidad, que nadie se lleve a engaño –dijo May–. La legislación ad hoc ya está en el Parlamento, y cualquier iniciativa para mejorarla será bienvenida y considerada. No así en cambio los intentos de ponerle palos a las ruedas, obstaculizarla, demorarla o cambiarle el sentido para que al final no represente el deseo democrático de la mayoría de los británicos de abandonar la Unión Europea”. Diputados de todos los partidos han presentado más de trescientas enmiendas a la ley, con el objetivo fundamental de que la Cámara de los Comunes tenga la última palabra a la hora de refrendar o rechazar el compromiso al que lleguen Londres y Bruselas. Algunas de ellas cuentan con el respaldo de conservadores dispuestos a rebelarse contra su propio Gobierno y sembrar el caos.
También se trata de una nueva concesión a los fanáticos del Brexit coincidiendo con el comienzo en Bruselas de la sexta ronda de negociaciones, y la última antes de la reunión del Consejo Europeo de diciembre en la que los 27 decidirán si ha habido progreso suficiente sobre la factura del divorcio, la frontera entre las dos Irlandas y los derechos de los ciudadanos europeos como para abrir la discusión propiamente dicha sobre un acuerdo comercial.
Una concesión a los partidarios del Brexit, ampliamente representados en su Gabinete, porque si May quiere que se empiece a hablar de comercio tendrá que aflojar la cartera y subir sustancialmente la oferta de 20.000 millones de euros que indirectamente puso sobre la mesa en su discurso de Florencia. Sus todavía socios no le piden una cantidad concreta, pero sí un compromiso de ir más allá de garantizar que el Reino Unido “va a cumplir sus actuales obligaciones presupuestarias y a pagar por el acceso al mercado único durante la fase de transición”, y diga que también va a asumir lo que en la jerga bruselense se llama el reste à liquider, el coste de proyectos a los que los británicos han dado su bendición siendo todavía miembros, la parte que les corresponde del pago de las pensiones a los funcionarios de la UE, etcétera.
“A Londres le quedan quince días para presentar nuevas propuestas y que las negociaciones puedan pasar a la siguiente fase”, comentó el negociador jefe de la Unión Europea, Michel Barnier, mientras el minis-
PREPARANDO EL TERRENO
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DEBATE INTERNO
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tro británico del Brexit, David Davis, escuchaba a su lado la traducción simultánea con los cascos puestos. Una vez más pareció que uno y otro hablaban lenguajes diferentes. El representante de May no respondió ni en un sentido ni en otro al ultimátum, sino que volvió a pedir “imaginación, flexibilidad y voluntad política” para resolver las enormes diferencias.
Oficialmente, la posición del Reino Unido sigue siendo que está dispuesto a marcharse de la UE sin un acuerdo comercial antes que firmar un mal acuerdo, a pesar de que la patronal, los sindicatos y el empresariado británico repiten un día tras otro que ello sería una catástrofe para la economía del país, con la pérdida de decenas de miles de empleos, por no decir cientos de miles. Pero off the record los propios funcionarios del Gobierno reconocen que van a tener que dar algo más a Bruselas, y que es probable que en las próximas semanas May ofrezca más dinero. No todo el que le pide la UE, para seguir guardándose alguna baza, pero sí más de los 20.000 millones de euros prometidos hasta ahora. A nadie le sorprendería que al final Londres se mostrara dispuesta a comprar su libertad por unos 40.000 o 50.000 millones de euros, una cifra que haría que los euroescépticos se llevasen las manos a la cabeza. Con el anuncio de la fecha y la hora del Brexit, la primera ministra ha empezado a preparar el terreno.
Al margen de la liquidación de la cuenta de divorcio, la nueva ronda de negociaciones va a intentar resolver los flecos pendientes sobre los derechos de los europeos residentes en el Reino Unido, como el de reunificación familiar y la posibilidad de exportar el pago de las ayudas estatales a los países de origen de sus beneficiarios, si es que se van del Reino Unido. La UE no quiere que el coste de legalizar el estatus de residente sea de ochenta euros (la pretensión británica), que haya que apuntarse a un registro y que las disputas las resuelvan los tribunales nacionales y no los europeos. Aún más complicado es el tema de la frontera irlandesa. El primer ministro de ese país, Leo Varadkar, ha puesto su resolución satisfactoria como condición sine qua non para pasar a hablar de comercio, y Bruselas ha indicado que la única formula viable es que el Reino Unido haga suyas todas las reglas y normativas de la unión aduanera aunque oficialmente se vaya de ella. De otro modo, es difícil de imaginar que no se establezcan controles fronterizos por lo menos para las mercancías. Mucho trabajo por hacer y el tiempo apremia. Y más ahora que se sabe el día en el que ya no habrá marcha atrás: 29 de marzo del 2019. Tic toc, tic toc...