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Las declaraciones de Carles Puigdemont en la entrevista concedida al diario Le Soir ,yel juicio a los cinco acusados de violar en grupo a una chica en Pamplona durante las pasadas fiestas de San Fermín.

CARLES Puigdemont, destituido presidente de la Generalitat, ha concedido una entrevista al diario belga Le Soir. En ella, y cuando el entrevistador señala que los independentistas no quieren otra opción más que la independencia de Catalunya, Puigdemont responde: “¡Eso no es cierto! ¡Estoy dispuesto y siempre lo he estado a aceptar la realidad de otra relación con España!”. “¿De manera –prosigue su entrevistador– que usted no dice independencia o muerte?”. A lo que Puigdemont replica: “¡Nunca! Estoy siempre por un acuerdo”. Y, más adelante, el president depuesto agrega: “Será necesario volver a sentarse a la mesa de negociación”.

Estas palabras de Puigdemont constituyen un oportuno ejercicio de realismo: la independencia no es el único final posible para la deriva política catalana, y sin duda hay otros más factibles a corto y medio plazo.

Para un observador desapasionado esto no es novedad, ya sabía que la independencia está lejos de materializarse. Distintos miembros del Govern destituido han reconocido que no había modo de implementar la independencia después de la sesión parlamentaria en la que, aparentemente, se proclamó. ERC se expresó ayer en el mismo sentido, señalando que “ni Govern ni país” estaban listos “para desarrollar la república” catalana. Todo lo cual, por cierto, ha generado enorme frustración entre cuantos quisieron creer, llevados por la ilusión o la ingenuidad, que los políticos independentistas, al tiempo que azuzaban a las masas, construían las instituciones del futuro país. Hay más. En sus declaraciones ante el Tribunal Supremo, la presidenta del Parlament y los miembros soberanistas de su Mesa admitieron la semana pasada que la proclamación de independencia había sido simbólica y, de paso, que asumían la aplicación del artículo 155. Y, ante las elecciones del 21-D, todas las fuerzas políticas independentistas, incluida la CUP, han presentado candidaturas, lo que de hecho supone acatar el orden constitucional y, por tanto, reconocer la no vigencia de la república. Luego algunos tratan de atenuar su acatamiento diciendo que concurren a unas elecciones ilegítimas. Pero el hecho es que se presentan y que, al hacerlo, les dan carta de naturaleza. Como también es un hecho indiscutible que en un mismo país no pueden convivir dos órdenes políticos distintos, y que sólo uno regula su día a día de acuerdo a derecho.

Es importante que el soberanismo sea consciente de esta realidad. Carece de sentido mantener la ficción de que vivimos en un régimen que acaso muchos hayan soñado, pero que no rige. De esto último es responsable el Gobierno central, que no tiene el menor interés en perder a una parte del territorio español. Pero también lo es el Govern, que no ha sido hábil para corresponder con una estructura administrativa sólida al sobreesfuerzo que exigió a los suyos en la calle.

La campaña del 21-D ofrece una magnífica ocasión para plantear objetivos en sintonía con la realidad. Su propia legitimidad, así como la situación judicial de no pocos de los candidatos, aconseja este baño de realismo. En primer lugar, para no seguir dando al elector expectativas excesivas. Y, en segundo, porque unas elecciones de este calado no pueden reducirse a una reivindicación como es la libertad de los presos. Nos jugamos algo más: la gestión de Catalunya, su recuperación y, en suma, su viabilidad tras una serie de sucesos que han perjudicado mucho su potencia y su prestigio.