Greenpeace abre la vía judicial para salvar el Ártico
Demanda contra Noruega por abrir el polo Norte a la exploración petrolera
El activismo medioambiental ya no se conforma con movilizaciones en la calle, sino que ha dado el salto a los tribunales. El último ejemplo se escenificó ayer en Oslo, donde acaba de arrancar el juicio en el que se acusa al Gobierno de Noruega de violar la Constitución por permitir nuevas prospecciones petroleras en el Ártico. Esta exploración es controvertida, pues se trata de uno de los ecosistemas más frágiles del planeta y cuya protección integral está siendo debatida. Por eso, este proceso judicial puede ser relevante. El litigio confirma el cambio de estrategia de las organizaciones ecologistas, que están llevando a juicio a gobiernos de todo el mundo por sus responsabilidades en el cambio climático.
En el caso de Noruega, los argumentos son claros y apuntan directamente a las diez licencias que el país concedió en el 2015 a 13 petroleras, entre las que se encuentran Statoil, Chevron, ConocoPhillips o Lukoil, para que pudieran iniciar exploraciones en el mar de Barents.
En concreto, Greenpeace y la organización local Nature and Youth acusan al Gobierno de haber infringido con ello el artículo 112 de la Constitución noruega, introducido en el 2014 y en el que el Estado se compromete a garantizar el derecho a un ambiente sano y saludable. En él, se dice además que “los recursos naturales deben manejarse desde una consideración a largo plazo” que defienda también los derechos de “las generaciones futuras”.
Este caso es también el primero que reta a un Gobierno por incumplir las obligaciones adquiridas en el acuerdo de París para luchar contra el cambio climático. El director de Greenpeace en Noruega, Truls Gulowsen, remarcó “la hipocresía” del Ejecutivo, que en 2015 se apresuró a firmar los acuerdos casi al mismo tiempo que permitía las nuevas exploraciones árticas.
Entre otros aspectos, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático especifica que para po-