El frente francés
La nueva herramienta antiterrorista recién estrenada en Francia, la ley para el Refuerzo de la Seguridad Interna y la Lucha contra el Terrorismo, que confiere un amplio margen de acción a la policía francesa sin control judicial previo, trata de responder a la gravedad de la amenaza yihadista que padece Francia, comentan a este diario desde el antiterrorismo europeo. Unos agentes y analistas del contraterrorismo que no son impermeables a las críticas que atribuyen a la ley la vulneración de derechos civiles básicos, mientras desde el ultranacionalista Frente Nacional, de Marine Le Pen, la considera demasiado débil.
Ante las críticas, los agentes replican que quizás no se ha comprendido que la nueva ley “se ha limitado a dejar como permanentes gran parte de las medidas aplicadas en Francia desde el 2015 en virtud de la declaración del estado de emergencia que finalizaba el primero de noviembre sin que la amenaza que lo justificó hubiera disminuido ni un pizca”. La ley no se ha improvisado, explican. El presidente Macron ha impulsado esta medida inundado de informes de inteligencia –franceses, de la UE y de Estados Unidos, entre otros– que coinciden en la intensidad de la amenaza terrorista que pesa sobre Francia. Recientes atentados en Nueva York, Barcelona o Mogadiscio refuerzan las advertencias de los insistentes informes de inteligencia. Unos informes que, por cierto, además de a Francia, también siguen colocando al Reino Unido y a España, con cierto énfasis sobre Barcelona, como zonas de alto grado de riesgo.
Los informes franceses señalan de 700 a 800 puntos calientes de su territorio como presunto campo de cultivo de extremistas y cifran en unos 1.900 los extremistas galos que se unieron al Estado Islámico y pueden regresar. Vuelven con experiencia en combate, más aguerridos y con la experiencia de haber matado, por lo que son una gran amenaza potencial. A este respecto y en agosto pasado, el comisario europeo de Seguridad, Julian King, citó las conclusiones del Radicalisation Awareness Network (Ran), una red de observadores que recopilan información sobre radicalismo violento. Según las estimaciones del Ran, más de 42.000 terroristas extranjeros procedentes de 120 países se sumaron entre el 2011 y el 2016 al EI y ahora se supone que unos 5.000 de ellos, europeos, regresarán “lenta y progresivamente”, con preferencia a Francia.
“El totalitarismo islámico emplea el terrorismo de sus muyahidines (yihadistas) con el declarado interés de aplicar la charia –la ley islámica– a nivel mundial y así formar su califato universal”, explica Eduard Yitzhak, analista del terrorismo, colaborador en varios centros internacionales de observación y prevención del yihadismo. “El supremacismo de raíz islámica tiene en común con el del nazismo que se otorga la potestad de decidir quién tiene derecho a la vida y quién no, qué países pueden existir y cuáles han de ser destruidos –subraya Yitzhak– y en ese proyecto entra de lleno Francia, como también Israel o España”. Y, en efecto, los vídeos de propaganda y captación en francés, protagonizados por yihadistas franceses, grabados en Siria e Irak, difundidos por el EI y estudiados en La Vanguardia siguen al pie de la letra la línea argumental
De los 42.000 extranjeros que se sumaron al EI, unos 5.000 europeos se disponen a regresar
descrita por Eduard Yitzhak y temida por el comisario Julian King.
La polémica ley aludida concede a los prefectos, es decir a la autoridad estatal en los distintos departamentos en los que se subdivide Francia, una serie de prerrogativas de aplicación discrecional. Tal vez la más impactante sea la posibilidad de cerrar mezquitas u otros lugares de culto hasta seis meses si en ellos se predican ideas que inciten a la violencia, al odio o ensalcen el terrorismo. Otra posibilidad es la vigilancia de las comunicaciones telefónicas o de los correos electrónicos de los sospechosos, lo mismo que acceder a información sobre sus viajes pero con la salvedad de que se debe excluir datos referentes a raza, religión, filiación política o intimidad en cualquier ámbito vital. Hay más medidas que se refieren a control en actos públicos, el arresto domiciliario de los muy sospechosos por un periodo de tres meses prorrogables hasta un año. También han agilizado los trámites para las autorizaciones judiciales de entrada y registro. Y hay una novedad un tanto especial: queda permitido cambiar de destino o incluso despedir a los funcionarios o soldados que tengan creencias o comportamientos claramente “incompatibles con el ejercicio de sus deberes”.