El juez sostiene que los padres de Nadia dilapidaron 800.000 euros
792.000 euros. Es el dinero esfumado de las cuentas bancarias de los padres de Nadia donados por miles de ciudadanos anónimos que cayeron en la supuesta trampa urdida por esta pareja a costa de la enfermedad de su hija. El juez de La Seu que ha instruido la causa contra Fernando B. y Margarita G. llega a esta conclusión tras considerar probado que la pareja utilizó durante años a su hija, aquejada por una rara dolencia genética, para enriquecerse. Y por eso les imputa un delito de estafa agravada.
El auto recoge que la investigación realizada por los Mossos fija en más de 1,1 millones de euros el dinero recaudado por los padres de Nadia (de los que sólo han podido recuperarse poco más de 300.000 euros) en donativos ingresados en diferentes entidades bancarias. Aportaciones que ciudadanos anónimos hicieron tras escuchar el desesperado relato de esta pareja en programas de televisión, entrevistas a periódicos y actos públicos benéficos. Esa cantidad corresponde al dinero que se ha podido rastrear en los bancos, pero se desconoce el importe total que Fernando y Margarita consiguieron en donaciones en efectivo y que se sospecha que ascendió a miles de euros.
“En cada una de esas intervenciones –recoge el auto– el argumento para solicitar donaciones era distinto, pero siempre con un fin común: la falsedad”. En algunas entrevistas contaban que necesitaban el dinero para operar a Nadia en Estados Unidos; en otras ocasiones manifestaban que si no recibían el dinero de inmediato su hija corría el riesgo de morir o que necesitaban una cantidad concreta para que un especialista reconociera a la niña. Todo era, sostiene el juez, una mentira. Pero lo que más parece haber sorprendido al instructor de la causa es que del más de millón de euros recaudados, los padres de Nadia sólo han podido acreditar un gasto de 4.000 euros destinados a tratamientos médicos de la menor.
Fernando (que lleva casi un año en la prisión de Lleida) y Margarita (en libertad con cargos) aseguraron durante sus declaraciones que la mayor parte del dinero lo gastaron en doctores y también en clínicas. Pero en el último año “no han podido aportar a este juez instructor –destaca el magistrado– ni un solo documento que acredite esa afirmación”.
Lo que sí ha quedado probado en esta larga instrucción, recalca el juez de La Seu, “es que la enfermedad diagnosticada a la menor es de carácter genético, sin tratamiento conocido, pero en ningún caso queda acreditado que haya un riesgo inminente de muerte como sostenían sus padres”.
Otra evidencia probada es que los progenitores de la niña no tenían ningún otro ingreso, más allá de las donaciones, y que destinaron el dinero aportado por los ciudadanos “a gastos en supermercados, ferreterías, grandes centros comerciales, viajes, hoteles, restaurantes, tiendas de electrónica, comercio electrónico, alarma del domicilio, gastos de telefonía, coches... Y así una larga lista de gastos ordinarios”. La Fiscalía tiene ahora diez días para presentar su escrito. Fuentes judiciales apuntan que podría pedir entre cuatro y ocho años de cárcel para la pareja, que tenía fijada su última residencia en el Alt Urgell. La niña está a cargo de una tía materna.