El PP irá al banquillo
La Audiencia de Madrid aprecia indicios de daños informáticos provocados
Los populares deberán responder ante el juez por el borrado de los portátiles que guardaban información relacionada con Luis Bárcenas.
Uno de los episodios más chuscos de todo el caso Bárcenas, la supuesta destrucción de sus ordenadores, va a a llegar a juicio en breve. El propio Luis Bárcenas se quejó primero de lo ocurrido, pero tiempo después retiró la acusación, una decisión en la que algunos quisieron ver un indicio de que las relaciones con su antiguo partido se enderezaban, en beneficio mutuo.
En este proceso, sin embargo, han actuado varias entidades en ejercicio de la acción popular. Y a resultas de su presencia, y de su insistencia, en la causa, la Audiencia de Madrid ha sentado ahora en el banquillo al PP como persona jurídica, para que responda de los presuntos martillazos –dicho sea en sentido metafórico– dados a los ordenadores de Bárcenas, con el obvio propósito de que ninguna información sensible pudiera recuperarse de ellos.
La Fiscalía de Madrid, además de implícitamente el propio Bárcenas –ya que bajó los brazos al dejar de sostener la acusación–, se han opuesto a que el asunto llegue a juicio. Para el fiscal, el extesorero del PP carece de credibilidad. Y por tanto no hay por qué celebrar juicio alguno en función de una denuncia que Bárcenas, además, ya no mantiene.
La Audiencia de Madrid lo ve de manera muy distinta. Y por eso ha confirmado la decisión que la juez Rosa Freire adoptó el pasado 3 de noviembre en el sentido de procesar al PP como persona jurídica, así como a la tesorera del partido, Carmen Navarro; al abogado Alberto Durán y al exresponsable informático de la organización, José Manuel Moreno. Todos ellos están acusados de los supuestos delitos de daños informáticos y encubrimiento.
La investigación sobre la destrucción de los ordenadores de Bárcenas se inició en la Audiencia Nacional, de la mano del entonces juez de esta instancia Pablo Ruz, quien lo envió a los juzgados ordinarios por entender que era de su competencia. Luego, misterio sobre misterio, diversa documentación del proceso se perdió en las instalaciones de la Audiencia Provincial de Madrid. Pero la perseverancia del partido y las entidades que ejercen la acción popular –Izquierda Unida, el Observatori DESC y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade)– , impidieron que el asunto desapareciera en la niebla. El hecho es que se pudo reconstruir en parte el proceso, con las aportaciones documentales de las partes.
El auto con el que la Audiencia de Madrid confirma ahora el procesamiento de las personas citadas tiene 19 folios. Analiza, en suma, con detalle el porqué de cada imputación. Sobre el PP dice que cuando la Audiencia Nacional le pidió datos de esos ordenadores, en el marco de su investigación sobre la supuesta contabilidad B de los populares, resultó “imposible” obtener los archivos deseados. “Se impidió así con el borrado de datos –sostiene el auto– la realización de una diligencia considerada relevante en una causa criminal de indudable trascendencia”. El PP, a su vez, sostuvo ayer por medio de su coordinador general, Fernando Martínez-Maillo, que las acusaciones populares personadas en el caso sólo buscan hacer “daño” a la organización, pero que este proceso acabará “bien”.
El extesorero retiró la denuncia y el fiscal no acusa, pero varias entidades han ejercido la acción popular