Bélgica pregunta qué trato se va a dar a Puigdemont

La justicia belga se interesa por el sistema penal en España

A la juez Carmen Lamela se le acumula el trabajo sobre el caso del 1-O, ahora que todo indica que el Tribunal Supremo (TS) va a asumir competencias plenas en torno a los procesos abiertos sobre la materia. Y es que justo antes de la vista que tendrá lugar mañana en Bruselas sobre la orden europea de detención solicitada por la Audiencia Nacional, la justicia belga se ha interesado por conocer detalles del sistema penal y penitenciario español.

En este sentido, ha llegado a la Audiencia una solicitud de información que persigue establecer aspectos del funcionamiento de los centros de detención y de cumplimiento de condena en España. La petición de datos no implica una puesta en cuestión de los instrumentos legales de la justicia penal, ni de las condiciones físicas de sus prisiones, por ejemplo, pero sin duda tiene que ver con las denuncias que Carles Puigdemont y sus letrados han efectuado en Bélgica sobre la deficiente calidad e independencia de la justicia española. Y, junto a ello, las quejas realizadas por la defensa de los exconsellers por la forma en que fueron llevados a prisión por orden de la Audiencia Nacional el pasado día 2.

Entonces se habló de manos esposadas a la espalda, produciendo lesiones en las muñecas por la excesiva presión; de conducciones en vehículos a toda velocidad en la que los detenidos eran trasladados sin

La juez Lamela tiene hasta el lunes para contestar al TS sobre los exconsellers, pero no agotará el plazo

cinturón de seguridad; de registros y cacheos innecesariamente rigurosos y minuciosos a la llegada al centro penitenciario, obligando a los inspeccionados a desnudarse, como ocurre con los sospechosos de ocultar droga, etcétera.

Estas denuncias han tenido, en paralelo, aparentes efectos también de orden interno, constatables en el trato que los exconsellers están recibiendo en prisión. Fuentes próximas a los encarcelados han señalado en este sentido que, dentro del margen de bienestar que cabe esperar de la vida en situación de privación de libertad, los exmiembros del Govern han podido acomodarse a su realidad penitenciaria en términos asumibles y aceptables, sin atisbo del menor deseo de humillación, como sintieron el primer día, con motivo del traslado.

En paralelo, la juez Lamela sigue trabajando en la respuesta que dará al Supremo sobre los procesos que puso en marcha contra nueve exmiembros del Govern –el exvicepresident, los siete exconsellers encarcelados, más Santi Vila, en libertad con fianza–, con objeto de que el magistrado Pablo Llarena decida si asume el caso 1-O en una sola causa. Lamela tiene cinco días de plazo, que expira el lunes, y es probable que no lo agote. La Fiscalía y las defensas han sido emplazadas para pronunciarse sobre lo mismo, y podrán remitir sus respuestas directamente al Supremo. El juez Llarena, a su vez, ha pedido a la Guardia Civil de Catalunya todas sus diligencias sobre el proceso independentista, disponiendo que actúa como policía judicial a sus órdenes.