Togas y machismo en la sala de vistas
El juicio de ‘La Manada’ reabre el debate sobre el talante sexista de algunos jueces
El juicio a los miembros de La Manada por la violación de una joven en los Sanfermines ha provocado la reacción de los colectivos feministas, que protestan contra la “justicia patriarcal”. Es la respuesta a la decisión del juez de aceptar datos sobre la vida de la víctima tras los hechos.
La reacción de la ciudadanía al hacerse público que la defensa de algunos miembros de
La Manada (significativo nombre escogido por el quinteto acusado) había contratado un detective para seguir los pasos de la joven violada en las fiestas de San Fermín de Pamplona no se hizo esperar. La red hervía (y hierve aún, lo que denota la importancia social del juicio por la violación múltiple) de indignación por lo que muchos entienden como un ataque a la intimidad de la víctima, de cuestionamiento de su ética, de su derecho a levantarse y seguir viviendo como sólo se vive cuando se tienen 18 o 20 años. Pero, como aclaran los juristas, el tribunal que juzga los hechos acaecidos en julio del 2016 está haciendo sencillamente su trabajo, a día de hoy, de manera “a derecho”. Entonces, ¿por qué la virulencia de las críticas al mundo judicial? La respuesta hay que buscarla en la falta de confianza de muchas mujeres en los magistrados, señalan las propias juristas consultadas por este periódico. El machismo que aún asoma en algunos tribunales (pocos) genera dudas razonables en una ciudadanía que aún recuerda sentencias vergonzosas como aquellas que llegaban a justificar la violación de una mujer porque llevaba minifalda o ropa ajustada. La víctima cuestionada.
El problema es que sentencias de ese tipo, dictadas en los albores de los noventa, siguen produciéndose aunque en una cuantía claramente inferior y decoradas con un lenguaje políticamente correcto. Sentencias que cuestionan el machismo imperante durante siglos en la sociedad española (y en la mayoría del mundo) y ancladas en una guerra contra lo que algunos jueces denominan como “ideología de género”. En otras palabras, algunos jueces creen que el lobby femenino ha impuesto su criterio, señalando al hombre como el enemigo a batir.
Y para contrarrestar esa ideología de género, unos jueces (muy
pocos a tenor de los informes del sector) arremeten contra la ley de violencia de género (las agresiones sexuales son violencia machista, como reconoce la citada norma y el Convenio de Estambul suscrito por España), cuestionando que detrás de los golpes, el acoso, la intimidación se esconda el deseo del varón de dominar a la mujer.
Estos reductos machistas han sido puestos en evidencia por los propios juristas e incluso cuestionados por el Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Justo hace un año, en el VI Congreso sobre Violencia de Género organizado por el organismo del CGPJ, celebrado en el Senado, varios fueron los ponentes que hicieron referencia a esas sentencias “machistas que aún salpican los tribunales”, en palabras de estos.
De hecho, en los informes que elabora este observatorio centrándose en las sentencias de las audiencias provinciales se aprecia una velada crítica a aquellos tribunales que siguen debatiéndose en si se debe contrastar que, detrás de la agresión y violación de una mujer existe el deseo de dominarla, tal y como recoge algunos de los informes que realiza periódicamente el grupo de expertos del Observatorio contra la Violencia de Género.
Porque, amparados en la doctrina judicial, algunos jueces insisten en que se debe comprobar que el acusado es machista, mientras que otros muchos, la mayoría, reiteran que las sentencias del Tribunal Supremo dejan claro que no se pueden exigir pruebas objetivas sobre este deseo. El grupo de expertos del Observatorio también hace una velada crítica a que algunos jueces se amparen en que ellos tienen la última palabra, alegando que “el análisis crítico del testimonio es una tarea que corresponde en exclusiva a los jueces y tribunales y no puede verse alterada por informes complementarios de un especialista en psicología que realiza la misma función pero sin estar investido de funciones jurisdiccionales”.
Los informes de los expertos recogen sentencias de las audiencias provinciales que echan en cara a algunos tribunales sus decisiones sobre cómo han interpretado la ley. En unos casos, provocando la indefensión de la víctima; en otros, por que han adoptado medidas que ni siquiera están amparadas por la ley de violencia de género, como sustituir penas por multas.
Algunas sentencias de los juzgados de instrucción y ratificadas por las audiencias provinciales son duramente reprobadas por el Tribunal Supremo. Especialmente, las que se refieren al régimen de visitas de los hijos de las víctimas de violencia de género.
Es el caso de una sentencia en la que un condenado por asesinar a su mujer delante de la hija de ambos mantiene la patria potestad, alegando el tribunal que no había pruebas suficientes que demuestren que los hechos vividos por la menor eran perjudiciales para ella. El Tribunal Supremo destaca que “la decisión del tribunal de instancia fue irrazonable” ya que “es un dato incontestable que la presencia de la menor en el ataque a su madre, efectuado por su padre, va a tener un prolongado efecto negativo en el desarrollo de la menor de mantener la patria potestad, que por ello resulta incompatible”. En este caso, el Supremo re- tira la patria potestad al considerar que ver a la persona que ha matado a su madre es completamente perjudicial para su desarrollo.
Pero, ¿cómo puede un tribunal considerar que una niña puede estar con quien ha matado a su madre? El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, en inglés) elaboró un informe en el 2014 en el que ponía en entredicho la formación de los jueces en materia de violencia de género. De hecho, critica que haya sido obligatorio esta formación desde el 2010 y sólo para los jueces que se iban a incorporar. A los anteriores, no se les exigía ningún tipo de formación. El informe de este año sigue en la misma línea.
Y es que sin el conocimiento de lo que se esconde detrás de la agresión a una mujer, difícilmente se puede impartir justicia, señalan las asociaciones de mujeres.
INTERPRETACIÓN DE LA LEY Algunos magistrados creen que debe probarse que el maltratador quiere dominar a la mujer
EL SUPREMO REVOCÓ LA SENTENCIA Un tribunal dio la patria potestad de una menor al hombre que asesinó a su mujer delante de la hija