Cristina Fernández
EXPRESIDENTA DE ARGENTINA
Un juez argentino ha pedido al Parlamento que levante la inmunidad de la expresidenta y hoy senadora Cristina Fernández de Kirchner, a la que acusa de traición y encubrimiento en el caso del atentado antijudío de la AMIA en 1994.
Los antikirchneristas soñaban con esta noticia desde hace tiempo, aunque no muchos creían que fuese factible. Después de que en las últimas semanas fueran encarcelados algunos de sus más estrechos colaboradores, ayer la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) recibió la orden de prisión preventiva por traición y encubrimiento en el caso del atentado de la AMIA. Sin embargo, la exmandataria argentina no puede ser detenida porque acaba de asumir un escaño como senadora y goza de inmunidad parlamentaria, por lo que el juez Claudio Bonadio, junto con procesar a Fernández por traición a la patria y encubrimiento agravado, pidió al Senado su desafuero.
Se trata de la causa más política de todas las que afectan a la expresidenta y, además de conexiones internacionales, tiene que ver con la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman, hallado en su casa con un tiro en la cabeza en un aparente suicidio el 18 de enero del 2015. Cuatro días antes, Nisman había denunciado formalmente a Fernández por encubrir a los altos funcionarios iraníes sospechosos de haber teledirigido el atentado antijudío de la AMIA, que en 1994 mató a 85 personas en Buenos Aires.
En rueda de prensa, Fernández calificó de “disparate jurídico” el procesamiento y orden de detención y acusó al presidente derechista Mauricio Macri de crear una “organización política y judicial para perseguir a la oposición”. La expresidenta peronista considera que el gobierno quiere “intimidar, asustar, tapar y provocar” a los opositores. “Macri es el director de la orquesta y, en este caso, Bonadio ejecuta la partitura judicial”, indicó.
Al igual que Nisman, Bonadio cree que el “memorándum de entendimiento” que los entonces ministros de Exteriores de Argentina e Irán, Héctor Timerman y Ali Akbar Salehi, firmaron en el 2013 en Etiopía por sorpresa formó parte de un plan para entorpecer la investigación del atentado que tenía por objeto la exculpación de los acusados. Por el contrario, Fernández y su gobierno defendieron siempre aquel acuerdo como la mejor manera de avanzar en la investigación, puesto que estipulaba que una comisión internacional de juristas se trasladaría a Teherán para interrogar a los sospechosos, sobre los cuales pesaba orden de detención de Interpol
La denuncia del difunto Nisman, tras una discutida paralización, fue reactivada después de la llegada al poder del presidente Mauricio Macri. En cuanto al acuerdo con Irán, fue declarado inconstitucional ese mismo 2015 por la justicia argentina y quedó definitivamente sin efecto al día siguiente de la asunción de Macri a finales de ese año.
Nisman basó su denuncia en pinchazos telefónicos donde una serie de personajes kirchneristas totalmente secundarios –Fernández no aparecen en las escuchas– hablan del acuerdo con Irán sin que de ello se desprenda ninguna ilegalidad. El fiscal fallecido consideraba que el memorándum ocultaba un pacto para que Teherán y Buenos Aires intercambiaran petróleo por cereales. Sin embargo, muchos analistas consideran ese motivo inverosímil y apuntan a la posibilidad de que la agenda oculta incluyera asesoramiento o entrega de tecnología nuclear de Argentina a Irán, lo que explicaría la furibunda oposición de EE.UU. e Israel al acuerdo.
Bonadio también ordenó ayer la detención de Timerman, el exministro de Exteriores –aunque permanecerá en arresto domiciliario por estar gravemente enfermo–, Carlos Zannini –exsecretario Legal y Técnico de la Presidencia y candidato kirchnerista a la vicepresidencia en los comicios del 2015–, de dos
La imputación nace de un supuesto acuerdo secreto con Irán para trabar la investigación de la masacre
violentos líderes piqueteros kirchneristas marcadamente antisionistas, Luis D’Elía y Fernando Esteche, y de Jorge Yussuf Khalil, un referente de la comunidad islámica argentina y al que algunas fuentes señalan como agente iraní.
Este es el cuarto procesamiento para Cristina Fernández. En dos de las causas, la expresidenta está acusada de delitos de corrupción, con figuras legales como lavado de dinero o asociación ilícita, aunque nunca se había pedido su prisión preventiva.