La Taula del Tercer Sector pide un compromiso social a los candidatos
La Taula del Tercer Sector, que agrupa a 35 federaciones que representan más de 3.000 entidades sin ánimo de lucro que trabajan en el ámbito social en Catalunya, ha presentado su lista de propuestas con el fin de que los candidatos a las elecciones del 21-D se comprometan a hacerlas suyas en la próxima legislatura. “Nuestro sistema de bienestar todavía presenta muchos retos para poder hacer decrecer las desigualdades” recuerdan en el documento en que proponen una lista de más de cincuenta medidas, entre las que incluyen también la libertad de los presos y el fin de la judicialización de la política.
El documento centra las primeras demandas en la renta garantizada de ciudadanía, que en esta legislatura todavía no ha acabado de consolidarse como un derecho para las personas con las rentas más bajas.
También reclaman la actualización del indicador de la renta de suficiencia de Catalunya, dado que no se ha puesto al día desde el año 2010 y por lo tanto no contempla el incremento del coste de vida experimentado desde entonces. Al estar desfasado este indicador, el baremo para acceder a la renta de suficiencia no está ajustado al coste de la vida y eso afecta a las familias que se podrían beneficiar de este fondo. La Taula pide también que cada año se celebre un pleno en el Parlament dedicado a la pobreza y la exclusión como el que se celebró en esta última legislatura, aunque parte de los acuerdos alcanzados en él todavía no se han cumplido del todo.
El Tercer Sector propone entre otras medidas el impulso de una banca pública catalana, así como promover que los bancos incrementen su aportación a los programas sociales. El sector eléctrico y gasístico también aparece en el documento y se pide que se avance en la firma de convenios con las empresas para poder así evitar cortes de suministros, y exponen la necesidad de garantizar el pago de la deuda a las familias a que sean incapaces de asumirlo. Otro de los puntos en los que la Taula pide un compromiso a los partidos consiste en establecer un plan de choque para personas en paro de larga duración, y también sigue reclamando al Estado que acabe con el trato discriminatorio a las entidades sociales en los procedimientos de contratación pública a causa del IVA.
En el documento destacan también el problema que ha supuesto tanto la crisis económica como la situación política actual, que aseguran que ha puesto en “grave riesgo” muchos servicios y programas sociales.