El Gobierno pide a la CNMV que anule la opa de Atlantia sobre Abertis
La Abogacía del Estado no considera necesario pedir permisos al Ejecutivo
La guerra por hacerse con el control de Abertis no se detiene. Ayer, el Gobierno instó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a “laanulaciónorevocación del acuerdo del consejo de la CNMV del pasado 9 de octubre de 2017 por el que se autorizó la oferta pública voluntaria de adquisición de Abertis Infraestructuras formulada por Atlantia”. Traducido: solicita que se anule el folleto en el que se autorizaba la oferta del grupo italiano.
El Gobierno ha formulado dos requerimientos a la CNMV porque considera que la opa lanzada por el grupo italiano Atlantia requiere autorización del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Ya lo anunciaron, hace un par de meses, Íñigo de la Serna (ministro de Fomento) y Álvaro Nadal (ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital); pero ahora el Ejecutivo exige por escrito al organismo supervisor que “subsane el defecto”. Esos requerimientos son el paso previo a interponer un recurso contencioso administrativo. La CNMV argumenta que aprobó la propuesta de Atlantia “porque estimaba que cumplía los requisitos exigidos por la ley de opas. Y recuerda que los oferentes citaron los riesgos en cuanto a la necesidad de obtener las autorizaciones citadas. Ahora, tiene un mes para manifestarse.
El Gobierno realiza dicha petición basándose en “informes internos de ambos departamentos”, pero admite que la Abogacía General del Estado no está “completamente” segura de que se necesite luz verde del Ejecutivo para ejecutar la operación, sino que “es razonable el criterio que sostiene el Ministerio de Fomento de exigir la autorización del Gobierno para adquirir la totalidad de las acciones de Abertis, dado que controla la mayoría de las empresas concesionarias de autopistas de peaje españolas”. Atlantia justificó en su folleto de opa la decisión de no pedir autorización al Gobierno español bajo el argumento de que ni Abertis, ni Hispasat tienen por objeto social actividades relacionadas directamente con la defensa nacional de España.
Por su parte, el Gobierno defiende la necesidad de pronunciarse sobre cualquier opa sobre Abertis por el hecho de que esta compañía
Fomento y Energía utilizan informes internos para cerrar el paso al grupo italiano en su propuesta
se dedica a explotar a través de contratos de concesión autopistas y satélites, activos cuya titularidad última es del Estado y que se consideran, especialmente en segundo caso, estratégicos para el país.
De hecho, en los requerimientos hechos públicos ayer, el Gobierno deja claro que la concesionaria gestiona más de 8.300 kilómetros en doce países. Concretamente, más de 1.500 en España (el 59% del total de vías de peaje). Además, recuerda que “Atlantia ha pedido autorizaciones en todos los países donde opera Abertis, menos la correspondiente al Gobierno español”.
El Gobierno basa sus argumentos en la legislación que regula las concesiones de autopistas, en concreto hace referencia a la Ley 8/1972, de 10 de mayo, y al decreto 215/1973, de 25 de enero, que aprueba el pliego de cláusulas generales de las autopistas en régimen de concesión. También menciona el consejo de ministros del 11 de julio de 1997, cuando se otorgó a Abertis la concesión del segmento espacial.
En este sentido, el Gobierno recuerda que Hochtief, filial de ACS, lanzó posteriormente una contraopa y sí solicitó las autorizaciones.
En el trasfondo, pervive la idea de si Abertis acaba en manos italianas o germanas. CaixaBank tiene la última palabra. El próximo paso es que la CNMV apruebe el folleto de Hochtief y se abra la guerra de precios.
Ayer, las acciones de la concesionaria cerraron a 18,97 euros