Londres pacta con la UE un divorcio que le sale caro
May cede para negociar ya sobre el acuerdo comercial y de seguridad Los británicos asumen una deuda de 45.000 millones
La noche aún cubría Bruselas cuando la primera ministra británica, Theresa May, cruzó ayer las puertas de la Comisión Europea. Eran las 6.54 horas de la mañana. La recibió en la puerta su presidente, JeanClaude Juncker. En su oficina, en la planta 13.ª del Berlaymont, la esperaban con el desayuno servido y un documento histórico, por extraordinario, sobre la mesa: el acuerdo de divorcio del Reino Unido y la UE.
El texto sobrepasa las viejas líneas rojas de Londres sobre el coste del Brexit (pagarán hasta 45.000 millones de euros); la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE sobre los tribunales británicos (se prolongará una década más) y su aplicación en la frontera norirlandesa (no se descarta que el Ulster siga formando parte del mercado único europeo). Mucho por tragar para Londres, pero en diez minutos el jefe de gabinete de Juncker, Martin Selmayr, dio la señal esperada.
‘Habemus acuerdo’, vino a decir, con una foto en Twitter de una fumata blanca, un símbolo papal quizás poco apropiado teniendo en cuenta que estuvo a punto de frustrarse por la oposición del partido protestante norirlandés DUP, de cuyo apoyo depende desde junio el Gobierno de May. El lunes los unionistas le impidieron firmar la solución propuesta para la frontera entre el Ulster e Irlanda, un territorio donde lo que está en juego no es sólo la libre circulación sino la paz.
“La primera ministra May me ha asegurado que [el acuerdo] tiene el apoyo del Gobierno británico, explicó poco después Juncker en rueda de prensa. Sobre esa base, la Comisión Europea concluyó que han hecho “progresos suficientes” sobre el divorcio (dinero, derechos ciudadanos y frontera norirlandesa) para pasar a la segunda fase de la negociación –el acuerdo comercial y seguridad común– y así se lo recomendó a los Veintisiete. Los líderes europeos tomarán una decisión la próxima semana.
Un año y medio después del referéndum del Brexit, está todo prácticamente por negociar: desde el periodo transitorio de dos años que Londres pide para adaptarse al shock que será el Brexit para empresas y ciudadanos, a los términos de su futura relación comercial y política, lo que más interesa a las dos partes. “Hemos dedicado demasiado tiempo a la parte más fácil de la negociación”, lamentó el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. “Es difícil romper. Pero más difícil aún es romper y construir una nueva relación”, dejó caer tras verse con May, a las ocho y media de la mañana.
¿Por qué tantas prisas? Si Londres quería obtener este año la luz verde del Consejo Europeo, el acuerdo debía firmarse ayer. Tusk ya había cancelado un viaje a Israel esperando una visita de la líder británica que nunca se produjo y ayer debía volar a Hungría. May se jugaba su supervivencia política. Bruselas, no tanto. Esa ha sido y será la fuerza de la UE: una parte tiene más que perder que la otra, aunque ninguna de las dos vaya a ganar nada.
Después de cuatro días de frenéticos negociaciones en Londres, Dublín y Belfast, May voló de madrugada a Bruselas para desbloquear el acuerdo. En el capítulo de ciudadanos, que afecta a más de 3,5 millones de comunitarios residentes en el Reino Unido y 1,5 de británicos en el resto de la Unión, Londres se ha comprometido a garantizar su derecho a residir, estudiar y trabajar, reunificar familias y recibir asistencia sanitaria después del Brexit. También para los hijos aún no nacidos de quienes sean titulares de esos derechos, que se podrán adquirir hasta la fecha de salida del Reino Unido del club. Londres ha tenido que transigir sobre cómo garantizar su cumplimiento y ha aceptado que durante ocho años (más los dos del periodo transitorio) las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE sean de aplicación.
El Gobierno británico se negó durante meses a hablar de dinero. A lo sumo, 20.000 millones, dijo May este verano. Al final, asumió que sin poner algo más realista sobre la mesa no habría acuerdo con Bruselas. El acuerdo recoge un método de cálculo por el que Londres asume
Londres asume que tendrá una deuda con la Unión Europea de unos 45.000 millones El acuerdo de divorcio permitirá empezar a negociar la transición y los acuerdos futuros
que abonará las contribuciones que le corresponda del presupuesto comunitario en el 2019 y el 2020, los compromisos de pago futuros y otras obligaciones financieras (préstamos y fondos de ayuda internacional, pensiones de funcionarios, entre otras). Tras descontarse su parte de los activos (contribuciones al Banco Europeo de Inversiones y el Banco Central Europeo, por ejemplo), la cifra resultante de la factura rondaría los 40.000 o 45.000 millones de euros. Nunca estará clara: se irá pagando conforme surjan las necesidades, que se prolongarán durante décadas.
El Gobierno británico mantiene su intención de abandonar no sólo la UE sino también el mercado único y la unión aduanera. En Irlanda del Norte, esta situación obligaría a levantar fronteras físicas, algo que las dos partes quieren evitar a toda costa para no poner en peligro los acuerdos de paz de Viernes Santo. Bruselas propuso que el Ulster, después del Brexit, mantuviera alineada su regulación con la UE. Los aliados de May en Belfast se negaron a aceptar nada que diferenciara a Irlanda del Norte del resto del Reino Unido. El problema no está resuelto aún, pero la fórmula pactada garantiza que no habrá fronteras físicas entre los dos territorios, aunque está por ver cómo: “A falta de una solución pactada, el Reino Unido mantendrá un alineamiento pleno con las normas del mercado único y la Unión aduanera que apoyan la cooperación entre el norte y el sur”. Dublín celebró el compromiso.
Tusk envió ayer a los gobiernos de los Veintisiete su propuesta sobre cómo afrontar la segunda fase de la negociación. La UE y el Reino Unido podrán empezar a hablar del alcance del futuro acuerdo comercial y de seguridad común, pero legalmente no podrán firmarlo hasta que el país salga del club (tampoco daría tiempo a pactar nada en el tiempo que queda). La incertidumbre sobre el futuro persistirá. Londres ha pedido dos años de periodo transitorio para que sus empresas se preparen para el Brexit. La UE aceptaría que el Reino Unido siga formando parte del mercado único y la unión aduanera dos años más después del Brexit (29-3-2019) pero sólo si aplica toda su normativa y sale de sus instituciones, lo que significa que tendrá que aplicar decisiones que no ha votado. También aquí afloran problemas territoriales: tras el Brexit ningún acuerdo entre la UE y Londres podrá aplicarse en Gibraltar sin el apoyo de España. Es decir, Madrid podrá vetar que el Peñón siga disfrutando dos años más de la pertenencia al club. May tiene ante sí una doble batalla la próxima semana: con los líderes europeos en Bruselas y con los suyos en Londres.