Cuenta y razón

He leído razonadas críticas acerca de cómo intelectuales y periodistas españoles enjuician el procés, tras su fiasco, en términos de extrema y desconsiderada dureza que, en ocasiones, se aproxima al insulto y al escarnio. También he escuchado constantes apelaciones a que toda valoración negativa del procés ha de ir acompañada, para ser equitativa, de otra crítica paralela a la forma en que el Gobierno español ha afrontado la reivindicación nacionalista catalana. Ambas observaciones son dignas de ser tenidas en cuenta. Pero ello no obsta para que la crítica al desarrollo y desenlace del procés deba hacerse con todo rigor si no se quiere recaer otra vez en los mismos errores, siempre que esta crítica se haga con respeto intelectual y corrección formal.

Esto me propongo hacer con concisión en este artículo, no sin antes destacar dos hechos. Que, en las decenas de artículos que he dedicado al tema, podrán encontrar errores, imprecisiones, omisiones y valoraciones discutibles, pero no hallarán en ellos ni una sola palabra desconsiderada, ni –menos aún– una burla o un insulto. Y que jamás he eludido la crítica al Gobierno de España por su política elusiva en este tema, basada en la minusvaloración del problema, en una interpretación rígida de la ley y en la judicialización de la política. Me siento por ello legitimado para destacar cuáles han sido –a mi juicio– los grandes errores del procés :1)El uso habitual de la mentira como arma política. 2) Un desprecio visceral por España como nación, por el Estado español como sistema jurídico y, en el fondo, por todo lo hispánico. 3) La cesión de parte del poder político a entidades privadas, sin duda respetables (como la ANC y Òmnium), pero carentes de la legitimación que sólo otorga el voto popular en unas elecciones democráticas.

El uso habitual de la mentira se ha manifestado con crudeza tras el simulacro de declaración unilateral de independencia, cuando ninguna de las previsiones mil veces reiteradas por los dirigentes independentistas tomó cuerpo en la realidad de los hechos: no había ni una sola estructura de Estado dispuesta para hacer operativa la independencia, ningún Estado extranjero la reconoció, y Europa confirmó con el silencio su anterior rechazo. Y, además, el desprecio que buena parte de los independentistas catalanes sienten por todo lo español ha provocado en ellos el espejismo de que España es la morta ysu Estado, una estructura desvencijada e incapaz de reacción. No puede extrañar con estos antecedentes que el proceso haya desembocado en una frustración enorme. Quien usa por sistema la mentira termina autoengañándose; quien desprecia siempre al adversario adquiere una falsa sensación de impunidad; y quien a la vez se autoengaña y se siente impune está abocado al fracaso.

Una acción política que pretenda ser eficaz ha de fundarse en un triple respeto. Respeto a los hechos, es decir, a la realidad. Respeto a la ley, o sea, a las reglas del sistema. Y respeto al adversario, o lo que es lo mismo, al contendiente con el que el enfrentamiento actual no excluye la colaboración futura por compartir con él unos presupuestos mínimos. Dicho lo cual, resulta evidente que la política catalana ha adolecido en los últimos años de este triple respeto en un grado tan alto que no se corresponde con la habitual contención y característica sensatez de la sociedad catalana, por lo que dicha disfunción debe achacarse a buena parte de sus dirigentes políticos, económicos y sociales. Lo que ha sido posible porque, durante años, ha resultado gravoso desmarcarse del canon nacionalista, razón por la que los silencios han sido ominosos, al no atreverse muchos ciudadanos ni tan siquiera a decir en público lo mismo que decían en privado.

Cuanto antecede responde a un único fin: contribuir a fijar los hechos acaecidos. No se trata de echar en cara de los actores del procés sus errores; ni de pedirles que los reconozcan públicamente; ni de censurar su proceder por errático y sectario que se considere; ni, menos aún, de exigirles unas responsabilidades que no sean las estrictamente políticas, únicas que aquí y ahora interesan, y que sólo se depuran en las elecciones. Es decir, serán los ciudadanos catalanes llamados a votar el próximo día 21 quienes aprobarán o sancionarán con su voto el proceder de sus dirigentes durante la última legislatura. Y, a tal efecto, sí convendría que los votantes reflexionasen libremente antes de depositar su voto –y tras procurar informarse sin ataduras sectarias– sobre los graves hechos que nos han llevado hasta la actual situación de patente atonía política, fuerte erosión económica y grave fractura social. Catalunya no puede permitirse prolongar la situación agónica en la que se halla, y esto será lo que sucederá si de los próximos comicios no emana un poderoso impulso de renovación, lo que exige, como requisito previo, la fijación de los errores cometidos y la voluntad firme de no reincidir en ellos. Nada hay que explique la pertinacia en el error, salvo la pulsión totalitaria.

Si del 21-D no emana un poderoso impulso de renovación, Catalunya seguirá en situación agónica