Sobre los efectos económicos
PRODUCE sorpresa –y una creciente indignación– la tendencia de ciertos independentistas a negar o minimizar las consecuencias económicas que para Catalunya tiene el proceso soberanista. La cosa viene de lejos. Años atrás, desde la presidencia de la Generalitat se nos aseguró que los bancos catalanes jamás trasladarían su sede fuera de Catalunya. Después, cuando tras el 1-O empezó la fuga de empresas catalanas, y en una semana los catalanes retiraron 6.000 millones de euros de los dos principales bancos del país, se nos dijo que los efectos de tales partidas serían menores. Acto seguido, cuando la cantidad de empresas que trasladaron su domicilio creció y siguió creciendo –con picos superiores a las 200 firmas diarias–, se replicó que eran más las que se quedaban que las que se iban, sin especificar que estas eran las de mayor volumen. Ahora, cuando ya son más de 3.000 las compañías que se han ido de Catalunya, se intenta relativizar el tremendo impacto que ello comporta para el bienestar de todos los catalanes diciendo que sólo un 10% de esos tres millares de firmas perdidas han completado la tramitación de su proceso de traslado.
No hay peor ciego que el que no quiere ver, señala un conocido dicho castellano. Cerrar los ojos ante nuestra coyuntura económica y ante sus consecuencias sólo puede atribuirse a dos hechos. Uno, la ignorancia sobre el modo en que funciona la economía, no ya en teoría, sino en la práctica más cercana. Dos, una militancia acrítica que antepone la defensa de la causa al análisis fiable de la realidad. Pero para cualquiera que no figure en una de estas dos categorías es un hecho difícilmente rebatible que la fuga de esas más de 3.000 empresas, la mayoría afincadas ahora en Madrid, supone para Catalunya una catástrofe que hoy ya es innegable, pero cuyas gravosas consecuencias no podremos cuantificar con más detalle hasta dentro de unos meses.
Hay varios argumentos para apoyar esta afirmación. El primero es tan cierto como difícil de precisar: la deriva del proceso soberanista, con sus vulneraciones de la ley, con la inestabilidad política y la inseguridad jurídica que ha generado, y con la consiguiente salida de empresas, además de dañar el sistema productivo local, ha lanzado un mensaje disuasorio a los operadores económicos exteriores, exactamente el opuesto al efecto llamada. ¿Qué agente extranjero querría invertir en un marco que expulsa a sus operadores naturales?
El segundo argumento sostiene que el cambio de sede no es un hecho que se agote en sí mismo, sino que forma parte de un proceso. De entrada se traslada la sede física. Luego la fiscal, con lo que por requerimiento legal se muda también parte de la alta dirección. Y, a medio y largo plazo, la ciudad de origen puede quedarse únicamente con las partes menos cualificadas de la cadena de producción y, por consiguiente, perder capacidad decisoria sobre el futuro de la compañía.
Recordaremos, por último, que entre las empresas catalanas que nos dejaron están seis de las siete que forman parte del Ibex 35; y que sólo las 62 mayores que se fueron suman más del 5% del PIB catalán. Todo lo dicho, guste o no a los refractarios a la realidad, tiene ya graves efectos sobre la economía catalana del presente. Y, en el futuro, los tendrá sobre la propia estructura de nuestra economía. Seguir negándolo es absurdo. Como lo es no estar ya sumando esfuerzos y trabajando coordinadamente en favor de la recuperación económica.