Una fuente de conflictos
Problemas y protestas por el internamiento de 500 simpapeles en la cárcel de Archidona
Protestas, motines, expulsiones, investigaciones judiciales... la decisión del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, de concentrar a medio millar de inmigrantes, en su inmensa mayoría de procedencia argelina, en el centro penitenciario Málaga II, ubicado en la localidad de Archidona, ha suscitado reacciones de todo tipo dentro y fuera de los muros de la prisión, habilitada provisionalmente como centro de internamiento de extranjeros (CIE).
La avalancha de pateras que se lanzaron al mar de Alborán y llegaron al puerto de Cartagena, hace ahora algo más de un mes, desbordó al Gobierno, que no contaba con tal circunstancia en un momento en el que todos los centros de la península están al límite de su capacidad.
Algunas oenegés han denunciado la presencia de al menos dos menores de edad entre los internados, pero el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, confirma que “ya no hay menores” en Archidona porque “uno no se ha identificado finalmente como menor y el otro ya ha entrado en el servicio de protección de menores de la Junta”.
Desde que el Gobierno tomó la decisión de usar un centro penitenciario, cuya construcción había finalizado hacía cinco años pero que hasta ese momento permanecía vacío, para internar a los inmigrantes, las polémicas se han sucedido.
Una magistrada de Vera (Almería) aceptó iniciar una investigación para dilucidar si la Policía cometió delito de falsedad documental. La juez Carmen Martínez quiere saber concretamente si existió infracción penal cuando la Policía solicitó a la magistrada que la sustituía provisionalmente, Mónica Villena, autorización para el “internamiento cautelar en el CIE de Archidona de varios inmigrantes”.
El sindicato de funcionarios de prisiones Acaip, que presenta la demanda, subraya que Málaga II es un centro penitenciario y no un CIE, como alegaba la Brigada Provincial de Extranjería de la Policía Nacional. El sindicato denunciante considera que se pueden haber facilitado “datos falsos” a los jueces para que estos autorizaran el internamiento de los inmigrantes “en una cárcel”, que es como aparece el centro de Archidona en el Boletín Oficial del Estado.
Las circunstancias y las condiciones en las que se encuentran los 500 inmigrantes han sido también objeto de continuas polémicas. Mientras las asociaciones de defensa de los derechos humanos claman contra la situación, de la que destacan la falta de servicios básicos como el agua o la comida, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, insiste en que “se están cumpliendo todos los derechos y las garantías que amparan a los inmigrantes”, y asegura que “no existen deficiencias en los servicios prestados”.
La realidad es que los internados han protagonizado varios motines por diferentes motivos, si bien ninguno de ellos ha llegado a ser de gravedad. Las protestas por la situación de verse encerrados se han unido en los últimos días al inicio de las deportaciones. Al menos ochenta personas han sido identificadas y devueltas a Argelia.
El Gobierno utiliza como centro de internamiento una prisión que estaba sin inaugurar
Decenas de personas a bordo de vehículos recorrieron el domingo los cinco kilómetros que separan Archidona del centro penitenciario y se congregaron en el exterior del edificio para reclamar su liberación.
La Plataforma Ciudadana contra el CIE de Archidona, creada para la ocasión, defiende el derecho de estas personas a emigrar. “Nosotros queremos que sean bienvenidos y no estamos de acuerdo con las deportaciones”, asegura uno de sus portavoces.
Los sindicatos de funcionarios de prisiones, representados por CC.OO., UGT y Acaip, se concentran hoy frente al centro penitenciario como protesta.