“Los que apoyaron a Lanza deberían pedirnos perdón”
Dos agentes de la Guardia Urbana señalados en el filme ‘Ciutat morta’ y condenados por torturas rompen su silencio para limpiar su nombre
Las ampollas que levantó el documental Ciutat morta no han cicatrizado. El documental que pretendía sembrar dudas aludiendo a un supuesto montaje policial que llevó a prisión injustamente a cinco jóvenes dejó seriamente tocada la imagen de la Guardia Urbana y puso en la diana a dos agentes que participaron del dispositivo. Con nombres y apellidos se les culpabilizó de inventarse una versión para condenar a los jóvenes por su pertenencia al movimiento okupa. Tras dos años en barbecho, el terremoto del 4-F ha vuelto a emerger.
El ingreso en prisión preventiva de Rodrigo Lanza, uno de los principales protagonistas de Ciutat morta, por el homicidio de un hombre en Zaragoza tras presuntamente propinarle un golpe por la espalda, ha empujado a los denostados por el documental a dar un paso al frente. Primero fueron el PSC, luego los sindicatos policiales y ayer hicieron lo propio los dos agentes de la Guardia Urbana señalados por el filme. “Somos también víctimas del presunto asesino Rodrigo Lanza”. Quienes hablan por primera vez son Bakari S. y Víctor B. Ambos participaron en el dispositivo del 4 de febrero del 2006 en el que un compañero suyo quedó tetrapléjico después de recibir una pedrada de Rodrigo Lanza, hecho por el que fue condenado a cinco años de prisión.
Ese mismo año estos dos agentes fueron imputados por torturas graves al hijo de un diplomático de Trinidad y Tobago, por el que casi una década después cumplieron un año en prisión. Los dos se encuentran inhabilitados hasta el 2022 para ejercer como agentes de la Guardia Urbana aunque cobran una pensión mensual por invalidez.
Ayer, en una rueda de prensa en la sede del sindicato SPC, los dos agentes dieron un paso al frente para denunciar que Rodrigo Lanza y sus acólitos urdieron un montaje para condenarles. Fue su venganza por el 4-F y creen que los partidos que apoyaron a Lanza, como Barcelona en Comú de Ada Colau, deberían pedirles perdón. El documental fue utilizado como arma arrojadiza entre partidos, dicen, después de que se emitiera en TV3, en enero del 2015. Sólo como instrumento electoral para dañar al PSC entienden que Xavier Trias y Joaquim Forn presentaran una cinta del documental a la Fiscalía para que decidiera si era suficiente para reabrir el caso. Y siguiendo esta misma lógica electoralista, creen que Ada Colau levantó la bandera en favor de los encausados por el 4-F. El encarcelamiento de Lanza, de quien se ha demostrado “que no era el héroe que decían”, esperan que les ayude a “limpiar” su nombre.
Bakari fue uno de los agentes que identificaron, sin ningún ápice de dudas, a Rodrigo Lanza como el responsable de la fatídica pedrada que impactó en la cabeza de su compañero. “Se desplomó a mi lado. Me podía haber dado a mí”, resaltó.
Los encausados por el 4-F denunciaron por torturas a todos los agentes que participaron en aquel dispositivo. Todas fueron archivadas. En su día, el TSJC desestimó una de las denuncias por maltrato puesto que la víctima fue incapaz de dar ninguna característica física del agente que supuestamente le había agredido. Uno de ellos era Bakari, que pese a distinguirse del resto por ser de raza negra, el denunciante lo pasó por alto cuando lo describió.
Los dos agentes de la Guardia Urbana aseguraron que tras la detención de Lanza y sus compañeros el 4 de febrero del 2006, el movimiento okupa urdió un plan para vengarse. En el caso del otro agente Víctor B., asegura que el 4-F no detuvo a ninguno de los encausados que aparecen en Ciutat morta y que los okupas la tomaron con él porque su número de agente apareció en el caso de las torturas al hijo del diplomático, y trataron de unir los dos casos. “Se fijaron en nuestros números de placa por el tema del hijo del diplomático y vieron que éramos los mismos que participamos en el dispositivo del 4-F”. “A Rodrigo Lanza y su entorno les llamó mucho la atención. Se pusieron en contacto con el hijo del diplomático, y le convencieron para que denunciara por torturas a los agentes ofreciéndole incluso asistencia letrada”. “Tardaron tres meses en la invención de un relato, digno como guion para otro documental”, e “interpusieron una denuncia por torturas contra nueve agentes de la Guardia Urbana, entre ellos, nosotros”.
Los agentes Bakari S. y Víctor B. fueron condenados a dos años y tres meses de prisión y a ocho de inhabilitación. El Supremo consideró que los acusados llevaron a cabo “actos de vejación y humillación” que fueron calificados como “torturas graves” porque “no fueron un hecho aislado” y que se perpetraron en comisaría, “un espacio de especial protección”.
Los policías afirman que fueron víctimas de un montaje urdido por el movimiento okupa para vengarse del 4-F