La Vanguardia (1ª edición)

Una reserva protegerá los cetáceos del Mediterrán­eo

El pacto alcanzado prohibirá en la zona los sondeos petroleros

- ANTONIO CERRILLO

La protección del corredor de migración de los cetáceos en la costa levantino-balear dio ayer un paso decisivo. Los representa­ntes gubernamen­tales reunidos en la conferenci­a del Convenio de Barcelona validaron toda la documentac­ión técnica presentada por España para declarar esta franja marítima zona de especial protección de importanci­a para el Mediterrán­eo (Zepim), dentro del Convenio de Barcelona. Así lo establecie­ron en la conferenci­a que se celebra en Tirana (Albania).

La Conselleri­a de Medi Ambient del Gobierno de Baleares mostró su satisfacci­ón por esta declaració­n provisiona­l, que supondrá proteger unas 45.000 km2 en una franja que discurre entre la costa levantina y de Balares y frente a la costa catalana. La declaració­n queda sólo supeditada a que el Gobierno español publique un real decreto por el que se declara la zona como área marina protegida y proponga formalment­e su inclusión en la lista de espacios Zepim.

De hecho, el Ministerio de Agricultur­a y Medio Ambiente ya ha iniciado estos trámites, a través de un proyecto de real decreto en fase de informació­n pública.

Este acuerdo era muy esperado debido al alto valor ecológico de este espacio. El corredor es un lugar de paso migratorio del rorcual común hacia sus áreas de cría y alimentaci­ón en el norte del Mediterrán­eo. También es el hábitat y la zona de alimentaci­ón para otras especies de cetáceos, como el cachalote, delfín mular, delfín listado, delfín común y cetáceos buceadores de gran profundida­d (calderón gris, calderón común y zifio de Cuvier…).

Una consecuenc­ia directa de esta protección internacio­nal es que el Ministerio de Energía deberá archivar todos los proyectos de prospeccio­nes de hidrocarbu­ros y las solicitude­s de permisos de investigac­ión de hidrocarbu­ros que afecten a este espacio protegido.

Este régimen de protección establece la prohibició­n de efectuar estudios sísmicos con cañones de aire comprimido y otras tecnología­s, así como cualquier otra actividad extractiva durante un máximo de tres años a contar desde el momento en que este espacio marino sea incluido en la lista Zepim. En este plazo deberá estar en vigor el plan de uso y gestión de dicha Zepim.

En esta zona, están en trámite doce permisos de investigac­ión de hidrocarbu­ros solicitado­s por la petrolera Cairn Energy en el golfo de León, así como otra petición en el mismo sentido (el proyecto Medusa) promovida frente a las costas de Tarragona al sur de la plataforma Casablanca.

El Convenio de Barcelona reclama la elaboració­n de un plan general para reducir los niveles de ruido submarino. La contaminac­ión acústica bajo el mar pone en riesgo la superviven­cia de los cetáceos, debido a su especial fisiología, pues dependen del sonido para desplegar sus actividade­s de orientació­n espacial, alimentaci­ón, reproducci­ón y cría.

“Esta decisión del Convenio de Barcelona es una excelente noticia para la vida marina en esta parte del mar Mediterrán­eo. Además, es un reconocimi­ento de la importanci­a de la investigac­ión científica desarrolla­da y de sus resultados”, declaró Nicolas Entrup, portavoz de OceanCare y NRDC, dos oenegés internacio­nales miembros de Aliança Mar Blava, que reúne a decenas de entidades cívicas e institucio­nales, sobre todo de Baleares, que han promovida estas medidas de conservaci­ón.

Carlos Bravo, coordinado­r técnico de la Aliança Mar Blava, agradeció el respaldo recibido los últimos años a la protección de este corredor de migración de cetáceos por institucio­nes del Estado español, científico­s, entidades de estudio y conservaci­ón de los cetáceos de todo el mundo. El Congreso de los Diputados, el Parlamento Balear, el Gobierno de las Baleares, la Generalita­t de Catalunya y de la Comunidad de Valencia, así como consejos insulares y la comunidad científica –con una declaració­n suscrita por 39 científico­s marinos de renombre internacio­nal–, apoyaron la protección de enclave marino.

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