Polonia ignora el castigo de la UE
El Gobierno nacionalista polaco saca pecho de su deriva autoritaria
El Gobierno polaco hizo ayer oídos sordos a la puesta en marcha del mecanismo disciplinario de la Unión Europea por sus repetidas violaciones del Estado de derecho.
Ignorando las advertencias de la UE, la puesta en marcha del artículo 7 del tratado europeo, así como las advertencias del Departamento de Estado de EE.UU. en el mismo sentido, el presidente Andrzej Duda anunció el miércoles que firmará las dos restantes leyes del paquete legislativo aprobado por el Parlamento con las que el régimen nacionalista está culminando la toma del poder judicial y la supresión de la separación de poderes.
Desoyendo las dramáticas advertencias de que la pretendida reforma del poder judicial viola tanto la Constitución polaca como los principios democráticos contenidos en el tratado europeo, Duda afirmó que ésta constituye una “democratización del poder judicial”. Al mismo tiempo, sin embargo, admitió que el auténtico objetivo de la reforma es acabar con la autonomía de los jueces. “Los ciudadanos –dijo el presidente– recuperarán la fe en los jueces y el sentido de la justicia. Los jueces dejarán de autogobernarse sin que nadie pueda influir en ellos”.
Distintos dirigentes del régimen nacionalista reaccionaron al unísono a la decisión de la UE con rechazo, desprecio e insultos, confiados en que el castigo acabará en agua de borrajas. La imposición de sanciones a Polonia requiere la unanimidad de todos los estados miembros y ellos consideran que el voto en contra de Hungría, su único aliado, bastará para dar al traste con la iniciativa.
Portavoces del régimen atribuyeron la decisión de la UE a la “conspiración” y “traición” de los eurodiputados liberales polacos. Estos parlamentarios habrían “delatado” a Polonia y convencido a la Comisión Europea de que aplicara el castigo.
El vicepresidente del Senado, Adam Bielan, culpó a los eurodiputados polacos del centroderecha liberal, que perdieron el poder hace dos años y ahora hacen oposición desde las instituciones europeas.
En las elecciones del 2015, Plataforma Cívica, dirigida por el primer ministro Donald Tusk, perdió por más de dos millones de votos frente al partido ultranacionalista Ley y Justicia. Hoy, Tusk preside el Consejo Europeo.
El presidente del Senado, Stanisław Karczewski, sacó pecho al decir que Polonia “sabrá sortear” las sanciones y al rechazar que el pulso con Bruselas vaya a dañar la imagen de Polonia. “¡Qué va! –exclamó–, somos uno de los máximos líderes de la UE”.
El presidente Duda celebra que los jueces pierdan su autogobierno y puedan ser controlados
De hecho, hasta hace tres años Polonia era un alumno aventajado de la UE. Bajo el mandato de Tusk, supo sortear la crisis financiera y crecer a un ritmo superior al de la media de los socios comunitarios.
La portavoz del Gobierno dijo que van a seguir “defendiendo con éxito los derechos e intereses soberanos de Polonia”, y atribuyó las sanciones a una “venganza” de la UE “porque no queremos inmigrantes islámicos”.
La televisión pública, convertida en tribuna de propaganda del régimen, afirmaba a su vez que se trataba de una “venganza de Alemania” después de que Varsovia hubiera reclamado a Berlín el pago de reparaciones por la invasión nazi en la Segunda Guerra Mundial.
La reforma de la justicia permitirá al Gobierno destituir a dedo a los jueces del Supremo. El Ejecutivo, sin embargo, sostiene que esta nueva prerrogativa no vulnera el Estado de derecho y permitirá mejorar la administración de justicia. Sin
embargo, en el paquete legislativo que acaba de entrar en vigor no hay ninguna norma para mejorar el funcionamiento de la judicatura.
Los jueces quedan sometidos al control directo de la mayoría parlamentaria, el Gobierno y el presidente. El autogobierno del estamento judicial queda suprimido.
El ministro de Justicia, que también ejerce como fiscal general, ya ha sustituido a 80 presidentes de los tribunales regionales.
La oposición liberal no ha podido hacer nada frente al rodillo de la mayoría ultranacionalista y denuncia que Polonia se ha convertido en una “dictablanda”.
Radoslaw Sikorski, ministro de Asuntos Exteriores en el anterior gobierno liberal considera que Jaroslaw Kaczynski, líder de Ley y Justicia y hombre fuerte del régimen, “busca una Polonia nacionalista clerical en alianza con EE.UU. Quiere una Polonia como la España del general Franco. Esta visión es inaceptable para la UE y tiene que llevar forzosamente al Polexit”.
Wlodzimierz Cimoszewicz, antiguo jefe de Gobierno, así como ministro de Asuntos Exteriores y de Justicia en varios gabinetes de la transición, no se mordió la lengua. “El Gobierno polaco –dijo– se porta en Europa como un bruto que entra con botas embadurnadas en un salón, defeca y, riéndose a carcajadas, suelta ‘¿y qué me vais a hacer, eh?’”.
Kaczynski, mientras tanto, consolida su electorado con lemas religiosos, nacionalistas y con puro miedo a los refugiados. Es una mezcolanza diabólica.
Kaczynski acaba de colocar al frente del Gobierno a Mateusz Morawiecki, y éste ha dicho que la reforma judicial es necesaria para purgar a los magistrados que, hace 30 años, condenaron a los opositores democráticos.
Evidentemente, no ha aportado ninguna prueba de que los jueces cesados estuvieran a las órdenes del régimen comunista. La gran mayoría de los casi 9.000 jueces polacos, con una edad media que oscila entre los 35 y los 40 años, eran niños pequeños cuando cayó el comunismo.
Quien sí fue fiscal del aparato comunista que condenó a los sindicalistas de Solidaridad es el hoy diputado ultranacionalista y cara parlamentaria del tsunami antijudicial, Stanislaw Piotrowicz.