El TC anula la indemnización millonaria del Gobierno al Castor
El Constitucional falla en contra de la indemnización aprobada en el 2014 por el Gobierno con un real decreto ley urgente
El tribunal no entra en el fondo, sino que cuestiona el método de urgencia empleado
El Constitucional ha fallado en contra de la indemnización aprobada por el Gobierno en el 2014 de 1.350 millones que sirvió para que los dueños del Castor recuperaran la inversión, pese a que el reservorio de gas resultó inservible.
El Castor sigue siendo un descomunal quebradero de cabeza para el ejecutivo español aún con el reservorio de gas hibernando bajo las aguas de la costa del delta del Ebro a la espera de su desmantelamiento definitivo. El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado ahora inconstitucional la polémica indemnización de 1.350,7 millones de euros pagada a toda prisa por el Gobierno español en noviembre del 2014 a la promotora del reservorio (Escal UGS), sólo un año después de cerrar el almacén de gas por el alud de seísmos generado frente al litoral del Ebro y Castellón.
La sentencia del TC supone un duro revés para el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que siempre había defendido la imposibilidad de eludir el pago de la indemnización millonaria. El recurso ante el TC, estimado de forma “parcial”, fue presentado en diciembre del 2014 por la Generalitat, el Parlament y el grupo del PSOE en el Congreso en contra del real decreto ley que sirvió para que los propietarios del Castor recuperasen íntegramente la inversión realizada, a pesar de resultar inservible el reservorio. El mismo real decreto acordó también la hibernación de las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas después de que Escal UGS, capitaneada por la ACS de Florentino Pérez, renunciase a la explotación de gas en el 2014.
“El Tribunal considera que no se dieron las razones de urgencia y necesidad para legislar por decreto ley ni en lo que se refiere al pago de la indemnización y al cargo de esta a Enagás ni respecto de la concesión a esta última del derecho de cobro del sistema gasista, por lo que declara inconstitucionales y nulos los artículos”, comunicó ayer el TC. Por el contrario, sí se “avala la constitucionalidad de los preceptos que regulan la hibernación”.
La sentencia, contundente, desató ayer la euforia de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, el movimiento social que luchó desde el primer momento en contra del Castor. “No lo esperábamos, estamos emocionados. No ha lugar, los promotores del almacén de gas deben de devolver todo el dinero y todas las familias que están pagando a través de sus recibos de gas deben de dejar de hacerlo inmediatamente”, explicó Evelio Monfort, uno de los líderes históricos de la plataforma.
“Ni el decreto ley ni el Gobierno justificaron la necesidad de que tuviera que abonarse en un solo pago en el plazo de 35 días hábiles”, recuerda el TC. El Alto Tribunal “no se explica qué relación existe entre el establecimiento de ese plazo y las razones que justificaron la urgencia de la norma, la necesidad de garantizar la seguridad de personas, bienes y medio ambiente”.
El Gobierno español, a través del Ministerio de Energía, no tardó en responder ayer a la sentencia de inconstitucionalidad. A su entender se trata de un asunto de forma pero no de fondo, lo que deja entrever que Madrid no exigirá, al menos de entrada, la devolución de la indemnización. “El TC no cuestiona el fondo del asunto sino el vehículo normativo empleado. No declara la inconstitucionalidad total del texto del real decreto ley 13/2014, sino que estima únicamente los recursos interpuestos sobre los artículos referidos a la solución financiera adoptada por un motivo formal”, sostiene el ministerio, que pide tiempo para “estudiar con profundidad” la sentencia. “El ministerio adoptará las medidas oportunas”, se asegura.
El Ejecutivo quiere ganar tiempo. Las prórrogas reiteradas han sido desde que se desató la crisis del Castor en septiembre del 2013 la gran estrategia del Ejecutivo. El ministerio no parece dispuesto
El ministerio asegura que “el TC no cuestiona el fondo del asunto sino el vehículo normativo empleado” El Alto Tribunal se opone a que se haga pagar el fiasco a los consumidores de gas a través de sus facturas
a batallar judicialmente para recuperar una indemnización que desembolsó a toda prisa arguyendo que había sido el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero quien había aprobado la cláusula que blindaba la inversión del promotor del Castor.
Si bien el Ejecutivo español admite ahora que según el Tribunal Constitucioinal “no se cumplían los presupuestos de extraordinaria y urgente necesidad que se exige para la aprobación de un real decreto ley”, añade en su argumentación que el Constitucional “no concluye en ningún caso que se hubiera producido un pago indebido al titular del almacenamiento sino que considera que hubiera bastado con que la decisión se hubiera aprobado mediante el procedimiento legislativo ordinario de urgencia”.
Con el 155 vigente, la Generalitat no tiene ahora voz ni voto para valorar la sentencia ni para exigir su cumplimiento. Fuentes socialistas intuyen que se puede abrir una larga batalla judicial, pero que no será fácil ni rápido recuperar el dinero público sepultado en el mar. “Dijimos que la inyección de gas en el subsuelo marino provocaría terremotos y que no se tenía que haber pagado ni un euro a la empresa. Todo ha quedado probado. Nos falta conseguir solamente una cosa: que se pase de la hibernación al desmantelamiento”, añadió Monfort.
Todos los consumidores empezaron a pagar en el 2016 el fiasco del Castor en su recibo del gas y el Gobierno autorizó a Enagas a hacerlo durante 30 años, para pagar así la indemnización por el valor neto de la inversión fallida, los intereses y el mantenimiento del almacén en hibernación.