El Supremo renuncia a la euroorden para evitar favorecer a Puigdemont
El juez cree que el líder de JxCat quería ser detenido para facilitar su investidura
El juez Pablo Llarena dijo no. No a la Fiscalía General del Estado, que quería una nueva euroorden para detener al cesado president de la Generalitat, Carles Puigdemont, aprovechando para ello el viaje que ayer le llevó a Copenhague. Según Llarena, ese desplazamiento a la universidad danesa era un anzuelo, un espejito para cazar incautos con destellos falsarios. En una resolución de siete folios el juez explica, en sustancia, que no ha querido caer en lo que a sus ojos era claramente una trampa.
La nave nodriza, por tanto, no va a enviar un convoy de rescate policial a buscar a Puigdemont, que seguirá, de momento, flotando en el espacio jurídico europeo, pero a modo de limbo, respirando el oxígeno político que le quede en la escafandra hasta la sesión de investidura. Las instituciones del Estado no quieren dar ni una facilidad para que que Puigdemont sea investido. Sin decirlo de forma tan explícita en su resolución, Llarena no lo puede decir más claro.
“Frente a la imposibilidad legal de optar a una investidura sin comparecer en el Parlament –afirma el juez–, la provocación de una detención en el extranjero busca que el investigado pueda pertrecharse de una justificación de que su ausencia no responde a su libre decisión como prófugo de la justicia, sino que es la consecuencia de una situación que le viene impuesta”. Sentado frente al tablero del proceso que instruye, Llarena parece seguro de haberle leído el pensamiento a su investigado. Y cree haber interpretado sin dudas ni vacilaciones el sentido de su último movimiento de pieza.
“La jactancia del investigado de ir a desplazarse a un concreto lugar –afirma– no tiene otra finalidad que buscar la detención”. Lo que persigue Puigdemont –prosigue– es que le detengan, con el propósito de “subvertir la finalidad de un instrumento procesal que está previsto para garantizar la observancia del ordenamiento jurídico, convirtiéndolo en un mecanismo que le posibilite burlar el orden legal que rige la actividad parlamentaria”.
Una vez detenido, lo que querría Puigdemont –añade el juez– es forzar “un contexto en el que poder delegar su voto”, cosa que el propio Supremo le ha permitido a Junqueras, Sànchez y Forn. Y más aún, para proponerse como candidato a la investidura en el Parlament. “De este modo –afirma Llarena–, se instrumentalizaría la privación de libertad para alcanzar la investidura y el voto que parlamentariamente no puede obtener, pero perseverando el investigado en eludir su sujeción al proceso penal, evitando someterse a la jurisdicción nacional y oponiéndose desde el extranjero a la extradición que pueda cursarse”. Es “evidente” –sostiene el juez– que “los instrumentos de privación de libertad, que la Constitución española y el ordenamiento jurídico habilitan para la mayor eficacia del orden legal, no pueden desplegarse para facilitar su transgresión y ruptura”. Con otras palabras, lo que dice el juez es, en suma, que el anzuelo lanzado seguirá flotando junto a La sirenita de Copenhague, y que nadie irá a morderlo.
El magistrado Llarena también argumenta que en este momento de las investigaciones no podrían aportarse a la justicia danesa, como antes a la belga, “muchos de los matices” que influyen en la calificación de los hechos como delito de rebelión. Por ello existía el riesgo de que Puigdemont fuera entregado, pero con restricción de los delitos por los que podría ser enjuiciado. De nuevo, por tanto, Llarena quiere evitar que los encarcelados en España puedan considerarse en una situación de “peor derecho” que “quienes se encuentran fugados”.
LA FINALIDAD La resolución atribuye al expresident el deseo de eludir las normas del propio Parlament LA PRESUNTA MANIOBRA La privación de libertad no puede servir para “la ruptura” del “orden legal”