El decreto de preinscripción deja poco margen de cambio
Dudas legales sobre la posible incorporación de una casilla
La tarea del Gobierno de encontrar la fórmula para garantizar el derecho de los padres a escolarizar a sus hijos en lengua castellana, aprovechando que en marzo se abre el periodo de preinscripción, no será nada fácil. Esta cuestión ha enfrentado a los ejecutivos español y catalán en los últimos años y tiene un difícil encaje jurídico y organizativo.
Por una parte, la ley de Educación Catalana (LEC) se basa en el modelo de inmersión lingüística que establece que la lengua vehicular es el catalán y asegura el conocimiento del castellano. Por otro lado, la Lomce (disposición adicional 38) garantiza el derecho de los padres a elegir la lengua de aprendizaje de sus hijos. En los últimos años, el choque de legitimidad sobre la competencia educativa se ha trasladado a los tribunales con una ristra de denuncias. Así, el Constitucional debe resolver el recurso de inconstitucionalidad contra la LEC (pendiente desde el 2009) y seis contra la Lomce (desde el 2014).
Mientras tanto, la justicia ha tenido que resolver el caso de algunas familias que han querido que sus hijos se educaran sólo en castellano o, una parte sustancial, en esa lengua. A los primeros se les ofrece plaza en centro privado. El ministerio avanza el coste de la matrícula (unos 6.000 euros), que luego descuenta en las transferencias a la Generalitat. La conselleria ha recurrido este mecanismo por entender que vulnera sus competencias y porque podría ocultar un fraude.
Hay sentencias también favorables a los padres que denunciaron la imposibilidad de recibir más castellano. En esos casos, si no hay escuelas próximas que ya imparten otras materias distintas a lengua y literatura en castellano, la Generalitat ordena al centro al que acude el alumno a que cambie el idioma en una de las materias –con lo que teóricamente cubre el 25% establecido por los tribunales–, pero sólo en el aula en la que está el niño.
Este procedimiento es al que probablemente se refiere el delegado del Gobierno central, Enric Millo, cuando señala que la voluntad del Ejecutivo no es modificar la política lingüística sino “garantizar el cumplimiento de las sentencias relativas a la inscripción a las escuelas”.
Según fuentes conocedoras de la administración educativa, la hoja de solicitud deriva de la resolución del decreto de preinscripción 10/2012 que regula la admisión de alumnos en centros sufragados con dinero público y que incluye la escuela concertada. “Por tanto, no se puede cambiar la hoja sin cambiar previamente el decreto y menos por unas sentencias –o medidas cautelares– particulares”, explican las mismas fuentes. Además, el Gobierno español ya recurrió el mencionado decreto que desestimó el TC en el 2013.
El cambio en las hojas de preinscripción con una casilla nueva presentan también problemas organizativos de gran complejidad. El “derecho” de los padres a elegir un centro que imparta más horas de castellano no puede estar por encima de los criterios ya establecidos para ser admitidos en la escuela. La preinscripción se elabora según los criterios fijados por la Lomce, que establece razones de proximidad de domicilio, hermanos en el centro o discapacidad. La administración catalana fija el baremo. Por tanto, una hipotética nueva casilla de preferencia de lengua para entrar en un centro determinado que ofrece más materias en lengua castellana no podría estar por encima de esos criterios objetivos. Y la Lomce no recoge la lengua.
Si la opción de lengua fuera sólo una casilla informativa, habrá que ver con qué base legal se obliga a la red de escuelas a organizarse para poder ofrecer parte del currículum en castellano, siguen las fuentes. Y este escenario iría acompañado de una dura contienda por parte de la comunidad educativa que ayer, aunada en el colectivo Som Escola, expresó su disposición a movilizarse “todo lo que haga falta”.
El presidente del Parlament, Roger Torrent, que recibió a representantes de la asociación, manifestó que no va a “permitir” que se rompa el consenso y urgió a los partidos a formar Govern para “expulsar el 155 del paisaje político de nuestro país”. ERC y PDECat coinciden en la necesidad de llegar a acuerdos, así como el PSOE, que recordó al Ejecutivo de Mariano Rajoy que el 155 lo limita a “garantizar las circunstancias cotidianas de la vida y la gobernabilidad” en Catalunya.
En cambio, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, puso en duda el consenso social en torno a la inmersión recordando que su formación venció en votos y escaños el 21-D proponiendo un modelo trilingüe catalán-castellano-inglés.
Cs recuerda que ganó el 21-D, mientras que el PDECat y ERC coinciden en la urgencia de “expulsar el 155”