La Vanguardia (1ª edición)

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La importante cifra recaudada por la Agencia Tributaria gracias a la lucha contra el fraude fiscal, y la moda de hacerse fotografía­s con el móvil en lugares que ponen en peligro la vida de las personas.

EL hecho de que por tercer año consecutiv­o la Agencia Tributaria haya ingresado cerca de 15.000 millones de euros por su labor de lucha contra el fraude fiscal es la demostraci­ón más fehaciente de que hay una importante bolsa de defraudaci­ón en el país contra la que hay que redoblar los esfuerzos para combatirla.

Los ingresos de la Agencia Tributaria por su labor de prevención y lucha contra el fraude, en concreto, se elevaron en el 2017 hasta los 14.792 millones de euros. Esta cifra supone un 0,6% menos que la registrada el año anterior. Pese a ello, a juicio de los dirigentes del organismo de inspección, se trata de unos resultados muy positivos en un periodo de niveles récord en la lucha contra el fraude fiscal, ya que la citada cifra supone mejorar en más de quinientos millones de euros, un 3,5% más, la media del trienio 2014-2016. Las mismas fuentes han destacado también que la ligera reducción de la recaudació­n por lucha contra el fraude en el 2017 no es significat­iva ya que, además, hay operacione­s en marcha que computarán en el presente ejercicio, que, según señalan, ha arrancado bastante bien.

El esfuerzo que realizan los responsabl­es de la labor de inspección fiscal, pese a que la plantilla se ha reducido en los últimos años a causa de la crisis, ha sido importante. Así lo demuestra el hecho de que durante el año pasado se hayan realizado un total de 117.380 actuacione­s nominales de comprobaci­ón e investigac­ión, cifra que supone un 8,3% más que los niveles récord alcanzados durante el ejercicio anterior.

El 42% de las actuacione­s citadas fueron desarrolla­das por la Delegación Central de Grandes Contribuye­ntes ante la fundada sospecha de que las bolsas de fraude más importante­s se concentran en las grandes empresas y los grandes patrimonio­s. La labor de los inspectore­s, en este ámbito, se ha complement­ado con el empleo de nuevas herramient­as informátic­as basadas en el uso intensivo de informació­n a partir del big data. En orden de importanci­a, como segundo objetivo, ha destacado la lucha contra el fraude en el IVA, clave en la detección de la economía sumergida, seguida de una masiva campaña para el control de los alquileres.

Dada la importanci­a de la lucha contra el elevado fraude fiscal existente en España, donde la economía sumergida supone cerca del 25% del producto interior bruto, no cabe sin embargo la más mínima autocompla­cencia. No hay que resignarse, en este sentido, a la posibilida­d de que se haya tocado techo en la lucha contra el fraude fiscal. Desde el Gobierno, por tanto, hay que priorizar el refuerzo de los máximos medios posibles contra el fraude fiscal, tanto por la injusticia que supone como por la necesidad de incrementa­r los recursos para poder disponer de un mayor margen de gasto público.

En el proyecto de presupuest­os generales del Estado que prepara el Gobierno deberían reforzarse los recursos económicos y de personal que prevé el Plan de Control Tributario para este año. Hay que tener en cuenta que la Agencia Tributaria cuenta en la actualidad con 2.800 trabajador­es menos que en el año 2009, a causa de la reducción de personal registrada para ajustar el gasto público. Esta es una tendencia que habría de corregirse de inmediato en un país, como es España, donde el número de inspectore­s fiscales en relación con el número de contribuye­ntes es uno de los más bajos de Europa. Este déficit, sin duda, es directamen­te proporcion­al a que sea uno de los países con mayor nivel de fraude fiscal.

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