El ‘carnet de la patria’
Venía la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, de entrevistarse en Estrasburgo con el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, y de consignar ante la Corte Penal Internacional de La Haya 1.639 documentos probatorios que ampliaban la denuncia del año pasado contra el presidente Nicolás Maduro y otros cuatro dirigentes gubernamentales por crímenes de lesa humanidad. También presentó ante el CPI otros casos en los que se ha impedido el acceso a derechos fundamentales a los venezolanos de diferente significación política porque tiene el compromiso de defenderlos a todos ellos. La fiscal general hacía una escala en Barajas el pasado sábado, día 17, para continuar en la mañana del domingo viaje a Colombia, donde tiene su residencia provisional. La víspera, viernes, se supo que iba a estar disponible apenas unas horas y pudo improvisarse en la sede de la Fundación Diario Madrid una conferencia de prensa para que diera cuenta de sus gestiones en defensa de los derechos humanos.
De la desorientación actual del periodismo y de los colegas podría dar idea que a la convocatoria sólo acudieran periodistas de publicaciones digitales dirigidas a los venezolanos de la diáspora, sin presencia alguna de los medios relevantes de prensa, radio o televisión. En todo caso, hubo preguntas planteadas desde una información muy precisa. Además, la ocasión recordaba otras vividas hace años a propósito de otras dictaduras como las argentinas o la chilena. La conclusión es que Venezuela merece más atención y que asumir la defensa de las libertades en un país que nos es tan próximo es un deber irrenunciable porque de lo contrario acabaríamos contagiados de sus limitaciones y censuras. Uno de los mayores asombros fueron las referencias a la militarización del orden público y al carnet de la patria, con el que el régimen acredita a los adictos y les capacita para ser receptores de las ayudas alimentarias. Se trata de un documento a mitad de camino entre aquel certificado de adhesión al Movimiento Nacional, que se requería cuando Franco por ejemplo para concurrir a las oposiciones de la función pública, y la cartilla de racionamiento. El caso es que o impugnamos el carnet de la patria o nos lo acabarán dando. Atentos.