La ruptura del pacto de educación perpetúa la ley Wert que nadie quiere

La comunidad educativa está decepcionada ante lo que parece el final del pacto estatal por la educación. Hoy, si no hay cambios de última hora, sólo asistirán a la reunión de la subcomisión creada hace un año para alcanzar un acuerdo nacional, los diputados del PP y de Ciudadanos (quizá, también, PNV, aunque no está claro), una foto que sitúa en el filo del precipicio el tan anhelado pacto al que todos los partidos se comprometieron. Sin él, la ley Wert (Lomce) seguirá formando a los estudiantes de este país, pese a que todos (incluido el PP, que apuesta por mejorar algunos aspectos) consideran que es una ley con muchas carencias (especialmente en valores) y que profundiza las desigualdades, tal y como señalaron los más de 80 expertos que comparecieron en el Congreso para dar su punto de vista de hacia dónde debería ir la educación.

Pero, ¿qué ha roto, al menos de momento, el pacto? La gota que colmó el vaso se produjo el 6 de marzo, cuando el PSOE se levantó de la mesa de negociación alegando discrepancias insalvables con el PP respecto a la financiación, base “ineludible” del acuerdo, indican. Sin financiación suficiente es imposible, aseguran los socialistas, poner las bases de una norma que se mantenga en el tiempo, especialmente en estos momentos con una educación bajo mínimos tras ser, junto con sanidad y servicios sociales, el sector que sufrió durante la crisis los recortes de mayor calado. Unos ajustes que ni de lejos se han revertido con la mejora de la economía.

Fue el PSOE el primero en levantarse de la mesa, aunque bien es cierto que Podemos y sus confluencias ya venían avisando que por la línea que dibujaba el PP en materia económica no había posibilidad de acuerdo. Pero la formación morada aguantó en la mesa para no ser acusada de boicotear el pacto. ERC y PDeCAT hicieron lo propio.

La financiación es el segundo punto del total de 15 que se fijaron para afrontar la reforma educativa. Un tema situado al inicio de las conversaciones precisamente para evitar lo que ocurrió con el pacto nacional contra la violencia de género, que en la parte de financiación hubo muchas discrepancias.

¿Qué defienden los partidos? Los socialistas apuestan por un incremento de 1.500 millones de euros anuales para alcanzar en el 2025 el 5% del PIB en gasto educativo y el incremento hasta el 6% en el 2033. Por su parte, Unidos Podemos estableció, por un lado, un gasto del 5% del PIB en el 2020 y un aumento de dos puntos para el 2025. Ciudadanos se desmarca del PIB como indicador

PP y Ciudadanos se quedan solos en la subcomisión del Congreso que trabaja en un acuerdo estable

y aboga por un baremo centrado en la inversión por alumno (6.000 euros por estudiante en el año 2020), un incremento de la inversión de 6.200 millones de euros en el 2020.

En el lado opuesto, el PP, que apuesta por el 3,68% del PIB, unos 625 millones al año hasta el 2025.

¿Y los grupos catalanes? PDeCAT se ha levantado de la mesa alegando la “poca voluntad de los partidos en llegar a un acuerdo”, en palabras del diputado Sergi Miquel; algo que también suscribe ERC.

Fuentes del Gobierno, sin embargo, no dan por zanjado el pacto. Creen que aún hay una posibilidad de volver a la mesa. La oposición insiste que sin más financiación no hay nada de qué hablar. Y aún reanudando las conversaciones, el camino que queda con temas tan espinosos, como el MIR de los profesores o la clase de religión, ponen en solfa un pacto en el que parece que sólo creen los ciudadanos.