Frente contra el despido de urbanos discapacitados
La oposición en bloque reclama que los agentes malheridos puedan reubicarse en lugar de jubilarles con la mitad del sueldo
Es muy poco habitual en los tiempos que corren que independentistas, constitucionalistas, derechas e izquierdas se pongan de acuerdo en algo. Ayer, sin embargo, sucedió en el Ayuntamiento de Barcelona. Los grupos de la oposición, PP, PDECat, Cs, ERC y PSC, así como la CUP aunque evitó salir en la fotografía, aunaron fuerzas para reclamar al gobierno municipal de Ada Colau que reincorpore en segunda actividad a los agentes de la Guardia Urbana que sufrieron una discapacidad en el ejercicio de sus funciones. En la actualidad, si un agente de la Guardia Urbana queda malherido y padece una discapacidad es expulsado del cuerpo con una pensión del 55% del sueldo.
La oposición reclama que se revierta esta situación y los agentes que lo deseen puedan ser reubicados en un nuevo puesto de acuerdo con sus capacidades. Esta es la reivindicación que desde hace años impulsa la Associació per la Integració dels Policies Locals que lidera Vicenç Flores, guardia urbano forzosamente retirado a los 30 años después de sufrir una grave lesión en un pie cuando intentaba frustrar un atraco en plena calle. Desde entonces trata de volver a incorporarse al cuerpo desarrollando una tarea distinta. La asociación ya ha logrado la aprobación de la segunda actividad de los agentes discapacitados en municipios como Palamós, Viladecans, Cerdanyola, Tarragona, Lleida y Castelldefels, entre otros. Ayer, la oposición lo reclamó como una medida para cumplir con los derechos humanos y denunciando que el gobierno de Ada Colau no se haya ni reunido con los representantes de la asociación y haya delegado los contactos en un gerente municipal. El portavoz de ERC, Jordi Coronas, conminó a Colau a poner fin al “postureo político” y dejar de menospreciar a los agentes. Por su parte, el representante del grupo Demòcrata, Jordi Martí, destacó la excepcionalidad de un acto que reunía a toda la oposición “con un único discurso” en contra del gobierno de Ada Colau que “no cree en la Guardia Urbana” y señaló que la segunda actividad serviría para paliar el déficit de agentes que arrastra el cuerpo policial barcelonés.
La semana pasada los grupos aprobaron una proposición para reclamar un aumento de la plantilla de los policías de Barcelona ante el riesgo de que la entrada en vigor de la ley de jubilación anticipada retire de un plumazo a centenares de agentes. Por ello, el portavoz de Ciudadanos, Paco Sierra, recordó que “hay menos agentes que antes de los Juegos Olímpicos” en una ciudad con más población y más turistas. Carmen de Andrés, del PSC, también consideró que la segunda actividad “puede ayudar a paliar” la falta de efectivos, y desde el PP, Xavier Mullleras pidió “recompensar” el cumplir con su deber a los agentes de la Guardia Urbana con el paso a una segunda actividad y no “castigarles con una jubilación anticipada con la mitad de su sueldo”.
Los grupos piden que Barcelona siga los pasos de Tarragona, Lleida, Castelldefels y otros municipios